
La justicia de Colombia abrió una investigación formal contra Álvaro Uribe por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. La decisión de la Fiscalía General de la Nación incluye un llamado a indagatoria con el fin de que el expresidente responda por hechos relacionados con la masacre de El Aro, de La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación de estructuras paramilitares en Antioquia.
Según informó el ente acusador, la pesquisa busca esclarecer la posible relación del exmandatario con un grupo armado ilegal que habría operado desde la Hacienda Guacharacas, propiedad de su familia. La fiscal Gloria Marcela Abadía, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, señaló que las pruebas recopiladas permiten avanzar hacia una nueva etapa procesal dentro de un expediente considerado de crimen de lesa humanidad.
La reacción de Álvaro Uribe llegó pocas horas después de conocer la decisión judicial. En su cuenta de X aseguró que sus abogados fueron notificados por la Fiscalía Tercera y cuestionó el momento en que se produjo la medida.
“A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, escribió el exjefe de Estado. En un segundo mensaje afirmó que existe una “injusticia de clara presión política” y criticó a la fiscal encargada del caso. También sostuvo que no había sido escuchado previamente antes del llamado a indagatoria.
La investigación tomó relevancia semanas después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena contra Santiago Uribe por vínculos con el grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones del líder del Centro Democrático y le propuso acudir a la Justicia Especial para la Paz. El mandatario recordó una invitación anterior con el propósito de comparecer ante ese tribunal.
“Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio y Colombia ganaba con la verdad”, escribió Petro en X. Además, afirmó que el país podría beneficiarse de un esclarecimiento completo de los hechos relacionados con el conflicto armado.
La publicación incluyó además referencias al escenario político previo a la segunda vuelta presidencial. Hasta el momento, ni Iván Cepeda ni otros protagonistas directos del proceso judicial habían emitido una respuesta sobre la nueva actuación de la Fiscalía.
Uno de los aspectos más delicados del expediente es el asesinato de Jesús María Valle, abogado y activista por los derechos humanos que denunció presuntas omisiones de autoridades departamentales frente a las acciones de grupos paramilitares en Ituango.
La Fiscalía sostiene que existen elementos para investigar si Uribe tuvo alguna responsabilidad en ese crimen sucedido en Medellín en 1998. El expediente también abarca hechos relacionados con las incursiones armadas en El Aro y La Granja, ocurridas cuando ejercía como gobernador de Antioquia.
Dentro de las nuevas diligencias ordenadas por la fiscal Abadía figuran declaraciones adicionales y la recopilación de testimonios de antiguos integrantes de las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso. El objetivo es establecer posibles vínculos entre el Bloque Metro, Carlos Castaño y personas mencionadas en la investigación, que permanece abierta.





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