
El Gobierno de Colombia autorizó la eutanasia de 80 hipopótamos de Pablo Escobar como medida urgente para contener una crisis ambiental en la cuenca del río Magdalena. La decisión, anunciada por el Ministerio de Ambiente, responde al crecimiento acelerado de esta especie invasora que ya supera los 160 ejemplares y amenaza la biodiversidad local.
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, sostuvo que el acuerdo es necesario con el fin de evitar un escenario crítico en los próximos años. “Sin esa acción es imposible controlar la población”, afirmó. Según comentó, las proyecciones indican que en 2030 podrían existir al menos 500 animales si no se interviene, lo que incrementaría el impacto sobre ecosistemas y comunidades.
Los hipopótamos de Pablo Escobar llegaron en la década de 1980 a la Hacienda Nápoles, en el municipio de Puerto Triunfo, como parte de un zoológico privado. Tras la muerte del capo en 1993, quedaron libres y se reprodujeron en condiciones favorables, sin depredadores naturales.
El Ministerio de Ambiente advirtió que esta raza invasora altera el equilibrio de los ecosistemas en el río Magdalena. Su presencia afecta especies nativas como el manatí y la tortuga de río, además de modificar la calidad del agua y el entorno natural. “Es con responsabilidad con nuestro ecosistema que tenemos que tomar estas acciones”, señaló Vélez durante una conferencia.
El Instituto Humboldt respaldó la intervención. Desde esa entidad indicaron que continuarán aportando conocimiento técnico para controlar la expansión. Expertos destacan que el impacto no solo es ecológico, sino también social, ya que se han reportado encuentros peligrosos con habitantes y pescadores.
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El plan contempla una inversión cercana a los US$2 millones debido a la complejidad de ubicar, sedar y manejar especies que pueden pesar hasta tres toneladas. Cada procedimiento de eutanasia tiene un costo aproximado de US$14.000, sin incluir el manejo posterior del cuerpo.
Las alternativas evaluadas, como la esterilización o el traslado a otros países, presentan obstáculos técnicos y económicos. Las cirugías cuestan cerca de US$10.000 por ejemplar y conllevan riesgos para los veterinarios y los propios animales. Asimismo, la reubicación no ha prosperado por la falta de naciones dispuestas a recibirlos.
La ministra Vélez explicó que existe una limitación adicional relacionada con la genética de la población. “Hay una mutación genética importante, por lo que algunos países se resisten”, indicó en declaraciones a Blu Radio. La endogamia, producto del origen común de los ejemplares, ha generado malformaciones y reduce la viabilidad de transporte.
El fallo del Gobierno ha reactivado un debate ético en Colombia entre la protección de la biodiversidad y el bienestar animal. Mientras sectores científicos consideran la eutanasia como una disposición fundamental, organizaciones animalistas cuestionan el enfoque.
La bióloga Nataly Castelblanco respaldó la medida al afirmar que se trata de “una decisión triste, pero firme y necesaria”, en defensa de los ecosistemas y las comunidades locales. En contraste, la senadora Andrea Padilla calificó la norma como “facilista y cruel” y rechazó la eliminación de animales sanos.
El Ministerio de Ambiente aseguró que el proceso seguirá protocolos técnicos para garantizar que la intervención sea “ética, segura y responsable”. La estrategia incluye la posibilidad de traslado en caso de que surjan opciones viables, aunque hasta el momento no se han concretado acuerdos.





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