
Después de 13 horas de intenso debate, el Senado de Argentina aprobó en la madrugada de este 12 de febrero, la Ley de Modernización Laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Con 42 votos a favor, 30 en contra y sin abstenciones, el oficialismo libertario dio luz verde a un proyecto que modificaría radicalmente las condiciones de trabajo. La decisión se produjo mientras los sindicatos desarrollaban una protesta multitudinaria frente al Congreso para impedir la promulgación de una norma que describieron como cercana al "semiesclavismo". Tanto es el rechazo que en el centro de Buenos Aires se originó una dura batalla campal entre las fuerzas de seguridad y manifestantes.
Sin embargo, el mandatario sostuvo que la legislación debe modernizarse para generar "empleo genuino" y "mayor libertad económica". Asimismo, indicó que la iniciativa actualizará un esquema que "durante décadas expulsó a millones de argentinos del sector formal y obstaculizó la creación de puestos registrados en el país". "Estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado laboral", expresó el jefe de Estado en un comunicado.
La medida busca que pagos como el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no formen parte del ingreso mensual regular no se incluyan en el cálculo de las compensaciones por cese. Al excluir estos montos, el costo de una desvinculación laboral sería menor para el empleador.
Asimismo, se plantea ampliar la jornada diaria de ocho hasta un máximo de doce horas mediante un sistema denominado “banco de horas”. Este mecanismo permitiría trabajar más tiempo en ciertos días y compensarlo con menos horas en otros. No obstante, el cobro por las horas adicionales dependería de lo que acuerden el empleador y el trabajador.
La iniciativa habilita también el pago de sueldos en efectivo en moneda extranjera o en especie, como habitación o alimentos. Además, se busca restringir el derecho a huelga al establecer que las asambleas y congresos de delegados no podrán afectar el normal funcionamiento de la empresa y deberán contar con autorización patronal. En ese sentido, se tipificarían como infracciones "muy graves" los bloqueos o tomas de establecimientos y las acciones que limiten la libertad de quienes no adhieran a una medida de fuerza.
Entre otras disposiciones, la propuesta de Milei incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir futuras compensaciones por cese, que se integrará con aportes obligatorios del sector empleador. "Si las compensaciones por despido, las horas extras y las vacaciones —en otras palabras, todas las protecciones que los trabajadores han adquirido con el tiempo— están en juego, no mejorará la situación para nadie", declaró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, considerado uno de los principales referentes de la oposición peronista.
Los gremios y organizaciones sociales tomaron las calles de Buenos Aires, se concentraron en el Congreso, cortaron el tránsito y se enfrentaron con la policía mientras se debatía la propuesta de Milei en el Senado. Los agentes policiales usaron cañones de agua para dispersar a un grupo que intentó derribar el vallado que rodea el edificio legislativo. Sin embargo, algunos manifestantes con banderas de agrupaciones de izquierda respondieron con piedras y bombas incendiarias.
"La legislación laboral por sí sola no crea empleo. La generación de trabajo depende de muchos factores. Pero es clave empezar por un marco normativo previsible que permita revertir más de 15 años sin crecimiento del empleo privado formal. Esta ley es el inicio del cambio", sostuvo el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.
El Gobierno condenó los hechos y catalogó a los manifestantes como "delincuentes organizados" y "terroristas". Desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana se aseveró que reparar los daños ocasionados por los manifestantes en la zona costará 270 millones de pesos. Los destrozos incluyeron la rotura de baldosas, grafitis en veredas y el deterioro de 500 metros cuadrados de césped.
El proyecto de Ley de Modernización Laboral pasará a la Cámara de Diputados. En marzo se definirá si el texto queda sancionado definitivamente o debe regresar a la cámara de origen para una revisión final.
Aunque registró algunas modificaciones, la legislación laboral vigente se mantiene desde mediados de la década de 1970. Dictaduras militares y gobiernos de distinto signo político no lograron introducir cambios estructurales en un mercado laboral donde actualmente casi la mitad de la fuerza laboral se desempeña en la informalidad.
El objetivo del gobierno es tener la norma sancionada antes de la asamblea legislativa del 1 de marzo, cuando Javier Milei hablará ante ambas cámaras para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias.





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