
El primer año de la segunda presidencia de Donald Trump estuvo marcado por una ofensiva agresiva contra los inmigrantes en Estados Unidos. En Los Ángeles, Washington, Portland, Chicago, Nueva Orleans, Nueva York, Minneapolis y otras ciudades gobernadas por demócratas, se reportó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aplicaron métodos violentos para arrestar y expulsar a latinos.
“Las personas tienen miedo de salir de los hogares. Están preocupadas por la posibilidad de que una simple visita a la tienda termine en deportación”, admitió la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una ONG dedicada a la defensa de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución estadounidense.
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El presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Americana de Long Island, Andrés Cárdenas Donayre, comparte la opinión de la ACLU. “En ciertos estados, el clima político provocó que algunos extranjeros restringieran su movilidad por temor a operativos”, explicó a La República.
“Hay mucha gente que tiene miedo de ir a trabajar, comprar, salir a las calles y encontrarse con ICE. En cualquier momento pueden pedir documentos y es necesario tener a la mano cualquier documento legal”, relató a este medio Shirley Gutierrez, de origen peruano y residente en Estados Unidos desde hace 12 años.
Si bien aseguró no tener miedo a ser deportada, contó que, con la llegada del republicano a la Casa Blanca, se ha complicado el examen de naturalización para residir en EE. UU.
Silvia es testigo de ello. También de origen peruano, afirmó a La República tener miedo a ser deportada. Ella inició su trámite para obtener el estatus legal de residente permanente en 2018, pero la situación actual ha retrasado el proceso. “Las leyes han cambiado desde que entró Trump”, declaró.
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Las primeras acciones del republicano como el 47.º presidente de Estados Unidos incluyeron la suspensión momentánea de las solicitudes de
Asilo político, la anulación de programas humanitarios y el desbloqueo de fondos públicos para retomar la construcción del muro fronterizo.
Posteriormente, firmó la llamada Ley Laken Riley, que permite a agentes del ICE detener y expulsar a inmigrantes acusados de delitos como robo, agresión a policías y crímenes violentos sin necesidad de una condena previa. Asimismo, promulgó la One Big Beautiful Bill, una norma que financia al menos un millón de deportaciones masivas y refuerza las redadas.
Para la exdelegada de la Cámara de Delegados de Maryland Maricé Morales, el líder republicano es un “tirano” que no respeta las “pautas constitucionales”.
La exlegisladora estatal comentó a este diario que Trump aplicó una retórica para estigmatizar a los inmigrantes como una amenaza. “Muchas veces, las personas sin estatus legal son acusadas de delitos, pero nueve de cada diez imputaciones son incorrectas, ya sea porque no hay suficiente evidencia o porque, al final, el fiscal desestima el caso”, aclaró la experta.
El asesor estratégico de la Alianza Americas, Oscar Chacón, mencionó que, desde el 20 de enero de 2025, el presidente estadounidense está adoptando una “corriente autoritaria y dictatorial” para gobernar e imponer un “entorno constantemente amenazante” para los extranjeros sin estatus migratorio.

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