
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron extender hasta el 10 de enero de 2027 las sanciones impuestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Esta medida se dictó a raíz de la crisis política e institucional que atraviesa Venezuela bajo el modelo chavista.
La decisión se tomó en la reunión realizada en Bruselas, en respuesta a las “persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”, según indicó el Consejo de la UE.
Un total de 69 funcionarios venezolanos se encuentran bajo sanciones de la UE que incluyen la congelación de sus activos. A estas personas se les prohíbe recibir fondos o recursos económicos, ya sea de manera directa o a través de terceros, y tampoco pueden viajar a ningún país del bloque europeo. Estas medidas forman parte de un régimen sancionador que la Unión Europea adoptó en noviembre de 2017.
Además de afectar a figuras clave del oficialismo, contempla un embargo de armas y la prohibición de enviar equipos que puedan ser usados para la represión interna. Las restricciones están dirigidas a autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia.
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El Consejo de la Unión Europea indicó que las sanciones impuestas buscan promover una solución pacífica y democrática a la crisis política en Venezuela. En su comunicado, la institución aclaró que estas medidas no están destinadas a perjudicar a la población venezolana ni a dañar la economía del país. “La responsabilidad para terminar la crisis en Venezuela recae en sus autoridades”, afirmó.
Además, la UE recalcó que las sanciones podrían levantarse si se logran avances concretos en materia de derechos humanos y en el fortalecimiento del Estado de derecho, así como si se dan pasos hacia un diálogo verdadero y una transición democrática en el país.
Cabe mencionar que las últimas decisiones del Consejo de la UE incluyeron la ampliación de personas sancionadas en enero de 2025, y que Venezuela fue añadida a la lista de países de alto riesgo en términos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, en cumplimiento de una resolución aprobada por el Parlamento Europeo en verano de este año.
Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, aseguró ante el Parlamento Europeo que "Maduro carece de legitimidad”. En su discurso, destacó que la UE mantiene contacto constante con líderes de la oposición y reafirmó su respaldo a los esfuerzos para combatir el crimen organizado transnacional.
Durante su discurso, Kallas también hizo énfasis en que cualquier medida debe ajustarse al respeto del Derecho Internacional. En esa línea, describió el panorama actual de Venezuela como un “caos total” y advirtió que en Venezuela “las reglas simplemente no se aplican”. Por ello, defendió la necesidad actuar conforme al marco legal internacional.

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