
El presidente Donald Trump firmó la ley que puso fin al cierre del gobierno de Estados Unidos, el más largo en la historia del país, luego de 43 días de inactividad que afectaron a cientos de miles de empleados federales. El acuerdo fue aprobado por 222 votos a favor y 209 en contra en la Cámara de Representantes, con respaldo mayoritario de los republicanos moderados y los demócratas.
“Hoy enviamos un mensaje claro de que nunca nos someteremos a una extorsión política”, dijo Trump desde la Casa Blanca, en referencia a las tensas negociaciones que mantuvo con el Congreso de EE. UU. por la aprobación del presupuesto. Con esta firma, el gobierno reanudó de inmediato los pagos atrasados a los trabajadores públicos y restableció servicios esenciales en todo el país.
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Uno de los puntos más polémicos del debate legislativo fue la propuesta sobre los subsidios de salud. Los demócratas insistieron en mantener la financiación al Obamacare, mientras que parte del Partido Republicano exigió recortes para reducir el gasto público. Esta discrepancia alargó las negociaciones y llevó al cierre del gobierno federal, una medida que afectó a agencias clave como el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
El líder demócrata Hakeem Jeffries calificó el acuerdo como “una victoria para los ciudadanos y para el sistema democrático”, mientras que los republicanos más conservadores acusaron a Trump de haber “cedido” ante la presión opositora. Analistas políticos señalan que el episodio refleja las profundas divisiones internas dentro del Partido Republicano, especialmente entre los aliados más cercanos al presidente y el ala institucional.
El Departamento de Justicia y el COGAT (órgano de coordinación administrativa) confirmaron que varios programas sociales quedaron paralizados durante la disputa. “No se trata solo de una pugna política; millones de familias dependen de estas decisiones”, advirtió la congresista Pam Bondi, republicana de Florida.
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El cierre del gobierno tuvo repercusiones económicas y políticas. Para los demócratas, el desenlace representa una derrota simbólica para Trump, quien había prometido un control total sobre el presupuesto federal. El senador Chuck Schumer afirmó que “el presidente subestimó la resistencia del Congreso y la necesidad de llegar a consensos”.
Del otro lado, figuras del Partido Republicano como Ron Johnson y Josh Hawley criticaron el pacto al señalar que la administración “perdió una oportunidad de imponer una política fiscal responsable”. Sin embargo, sectores más moderados defendieron el acuerdo como una “decisión pragmática para evitar daños mayores” en la economía estadounidense.
El cierre provocó pérdidas estimadas en más de 11.000 millones de dólares, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, además de retrasos en proyectos federales y dificultades en los aeropuertos por la falta de personal de la Administración Federal de Aviación (FAA). “Fue una experiencia devastadora para muchas familias. No queremos repetirla”, declaró Janet Wilkes, empleada del Servicio de Parques Nacionales, tras regresar a su puesto.
A nivel internacional, generó inquietud entre los aliados de Estados Unidos, que observaron con preocupación la fragilidad política en Washington. El Departamento de Estado reconoció que varias misiones diplomáticas operaron con personal reducido durante las semanas de crisis.

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