
Este miércoles, el Senado de Uruguay debatirá el proyecto de ley que despenaliza la eutanasia, lo que convertiría al país en el tercero de América Latina, después de Colombia y Ecuador en permitir este procedimiento, pero el primero en legalizarla bajo una ley formal. La iniciativa fue aprobada en agosto por la Cámara de Diputados con el respaldo de legisladores de distintos partidos políticos.
En el Senado, la coalición de izquierda Frente Amplio, que apoya la medida, posee mayoría. La votación en el bloque opositor se presentará dividida, ya que miembros de los partidos Nacional y Colorado mantienen posturas diferentes sobre la iniciativa. Entre el público estará Beatriz Gelós, paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), quien ha respaldado la propuesta desde su discusión en Diputados.
El proyecto establece que podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de edad con capacidad psíquica que padezcan enfermedades o condiciones de salud crónicas, incurables o irreversibles que afecten gravemente su calidad de vida. La iniciativa está pensada para quienes sufran de manera “insoportable” y busca garantizar una muerte “indolora, apacible y respetuosa de la dignidad”.
Los defensores de la ley argumentan que regula y garantiza el derecho de cada persona a transitar dignamente el proceso de morir y a decidir sobre su propio destino. Los opositores consideran que no se puede reducir el debate a “sufrir o morir” y cuestionan la legitimidad de que alguien disponga de su propia vida.
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El procedimiento contempla ocho etapas, que deben iniciarse con la solicitud directa del paciente a un médico. Posteriormente, un segundo profesional independiente evaluará la situación para garantizar imparcialidad. Tras esta revisión, se llevará a cabo una segunda entrevista con el paciente para confirmar su disposición, y se expresará su “última voluntad” antes de que el médico proceda a cumplir la solicitud.
Esta regulación busca asegurar que el proceso sea riguroso y seguro, combinando el respeto a la autonomía del paciente con medidas de control profesional. Los promotores de la ley sostienen que cada etapa protege tanto al paciente como a los médicos involucrados, garantizando que la eutanasia se aplique de manera ética y respetuosa.

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