
Desde agosto de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) puso en marcha una nueva política que permite a sus oficiales a tener en cuenta si los solicitantes de ciertos beneficios migratorios han manifestado opiniones que podrían ser calificadas como 'antiamericana'.
De acuerdo con la entidad, “la actividad antiamericana será un factor abrumadoramente negativo en cualquier análisis discrecional”, lo que ha encendido el debate público sobre hasta qué punto esta medida podría afectar la libertad de expresión en nombre de la seguridad nacional.
La nueva política del 'antiamericanismo' permite a los funcionarios del USCIS analizar si un solicitante respaldó, promovió, apoyó o expresó ideas asociadas con organizaciones terroristas o con acciones dirigidas a debilitar el estilo de vida en ese país. Así lo explicó Joseph Edlow, actual director de la institución. Entre los casos que podrían despertar alertas, Edlow citó a estudiantes que difunden mensajes en apoyo al grupo Hamás o que participan en protestas universitarias donde se bloquea el acceso a alumnos judíos.
El funcionario también aclaró que esta categoría de 'antiamericanismo' abarca a quienes respaldan o están relacionados con movimientos de corte anarquista o totalitario. No obstante, subrayó que la intención no es perseguir a quienes han expresado críticas hacia el expresidente Donald Trump. Al respecto, sostuvo que cuestionar a cualquier gobierno es, en sus palabras, “una de las actividades más estadounidenses que existen”.
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USCIS informó que esta nueva revisión será aplicada a personas que tramiten visas de estudiante, tarjetas de residencia permanente (Green Card), procesos de naturalización y otros beneficios migratorios. “Los beneficios de Estados Unidos no deberían otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas”, afirmó Matthew Tragesser, portavoz de la institución, a través de un comunicado oficial.
"USCIS está comprometido a implementar políticas y procedimientos que eliminen el antiamericanismo y a respaldar la aplicación de medidas estrictas de control y verificación en la mayor medida posible”, indicó. En ese sentido, enfatizó que vivir y trabajar legalmente en EE. UU. es un beneficio, no un derecho garantizado.
Asimismo, el director del organismo, Joseph Edlow, aclaró que este tipo de evaluación ya existía, aunque con menor alcance. “Siempre hemos hecho esto en cierta medida; simplemente lo hemos ampliado para asegurarnos de que estamos revisando ciertas solicitudes, especialmente aquellos que vienen con la F1, la visa estudiantil en el mundo y están cambiando quizá a otro tipo de beneficio migratorio”, señaló.

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