
Una historia estremecedora sacudió esta semana a Brasil y Portugal tras la captura de Gisele Oliveira, una mujer de 40 años acusada de haber acabado con la vida de sus cinco hijos menores durante un período de más de una década. Las muertes, inicialmente atribuidas a causas naturales, habrían sido provocadas por envenenamiento con medicamentos sedantes.
Oliveira fue detenida este martes 5 de agosto en la ciudad de Coímbra, Portugal, luego de meses prófuga. La captura se produjo gracias a una operación internacional entre la Policía Judicial portuguesa, Europol e Interpol. Ahora, mientras espera su posible extradición, enfrenta una condena acumulada que podría superar los 150 años de prisión.
La mujer brasileña tendría una condena de 154 años de cárcel por los delitos acumulados contra sus hijos. Foto: iStock
Las muertes de los hijos de Gisele ocurrieron en distintos años: dos en 2010, otras dos en 2019 y la más reciente en 2023. Aunque en su momento fueron registradas como fallecimientos naturales, las coincidencias en las circunstancias hicieron que la Policía Civil de Minas Gerais reabriera las investigaciones en Brasil.
La pieza clave para reiniciar el caso fue una denuncia hecha por la madre de Gisele, abuela de los menores, quien expresó sus sospechas a las autoridades. La nueva información permitió identificar un patrón: todos los niños habrían recibido dosis elevadas de medicamentos sedantes durante la noche, lo que habría provocado complicaciones fatales.
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Tras emitirse una orden internacional de detención, Oliveira logró evadir a la justicia brasileña por algunos meses. Se había establecido en Coímbra, Portugal, donde mantenía un perfil bajo y sin empleo formal. Su pareja, también brasileño, trabajaba en el sector construcción y habría contribuido a mantener su anonimato.
La detención se concretó este martes por parte de la Unidad de Información Criminal de la Policía Judicial portuguesa. Según reportes locales, Oliveira intentó resistirse a su arresto, pero fue finalmente trasladada bajo custodia. Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Apelación de Coímbra, donde se evaluarán las medidas cautelares mientras se tramita su posible extradición a Brasil. De ser declarada culpable, podría enfrentar una condena de hasta 154 años de prisión por la muerte de sus hijos.

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