
Álvaro Uribe Vélez, nacido en Medellín en 1952, es abogado, empresario y político. Durante las últimas dos décadas, ha sido una de las figuras más influyentes de Colombia. Gobernó el país entre 2002 y 2010, periodo en el que promovió la Política de Seguridad Democrática y consolidó un liderazgo que lo posicionó como referente de la derecha y mentor de los mandatarios que lo sucedieron.
Hoy, su trayectoria política se ve ensombrecida por un fallo judicial sin precedentes: fue declarado culpable por soborno y fraude procesal, tras ser acusado de intervenir en la manipulación de testigos para evitar declaraciones en su contra. La sentencia ha sacudido el panorama político colombiano y ha polarizado a la opinión pública. Mientras algunos celebran la decisión como un acto de justicia, sus seguidores insisten en que se trata de una persecución con motivaciones políticas.
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Álvaro Uribe asumió la Presidencia en 2002 con amplio respaldo ciudadano, bajo el lema “Primero Colombia”. Su gestión se centró en la Política de Seguridad Democrática. Esta política tuvo como objetivo debilitar a las guerrillas de las FARC y el ELN, así como frenar el avance de los grupos paramilitares. Durante su mandato, los índices de violencia se redujeron. Esto le valió niveles de aprobación sin precedentes.
Reelegido en 2006, Uribe promovió reformas económicas y el desarrollo de proyectos de infraestructura. Esto fortaleció la inversión extranjera. No obstante, su administración también recibió críticas por violaciones a los derechos humanos y el avance del paramilitarismo. Esto ha mantenido abierto el debate sobre su legado político.
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Desde 2012, el expresidente es investigado por presunto fraude procesal y soborno. El proceso se inició tras una denuncia contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema archivó el caso. En su lugar, acusó a Uribe de coaccionar a personas privadas de libertad para que dieran declaraciones a su favor.
En agosto de 2020, Uribe renunció al Senado para que su caso pasara a la justicia ordinaria. El juicio, que comenzó formalmente el 6 de febrero, culminó con una sentencia condenatoria. Se trata del primer expresidente colombiano hallado culpable por estos delitos, en un proceso que tanto él como sus seguidores continúan calificando como una persecución de índole política.

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