
Un equipo de la Casa Blanca posee una lista de funcionarios y políticos mexicanos a quienes podría anular sus visas para ingresar a Estados Unidos, según reporta ProPublica. Esta iniciativa, promovida por la administración de Donald Trump, tiene como objetivo limitar el acceso al país a personalidades públicas que supuestamente mantienen vínculos con actividades criminales vinculadas al narcotráfico.
Estas acciones incluyen a líderes del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), gobernadores estatales y personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, según fuentes gubernamentales estadounidenses.
Donald Trump podría invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar tropas federales en la frontera sur de EE.UU., intensificando su política migratoria. Foto: composición LR
De acuerdo con ProPublica, la lista elaborada por un equipo Trump encabeza por Stephen Miller y Anthony Salisbury contempla a diversas personalidades de México que podrían perder el derecho de entrada a Estados Unidos. Este grupo incluye a políticos de alto perfil, entre ellos figuras del partido Morena, al que pertenece la presidenta Claudia Sheinbaum, así como gobernadores estatales y colaboradores del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.
La cancelación de visas se basa en información recopilada por agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses que sugieren vínculos entre estos funcionarios y actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. El caso más visible hasta ahora ha sido el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, a quien se le revocó la visa junto con la de su esposo, un exdiputado de Morena. Además, medios mexicanos han reportado que la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también habría sido cancelada.
El fundamento legal de estas medidas radica en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense, que permite revocar visas a extranjeros si existen “razones para creer” que colaboran con el tráfico ilícito de drogas. Esta normativa también extiende sanciones a familiares que se beneficien de ganancias ilícitas.
El grupo de trabajo de la Casa Blanca comenzó la revisión con base en un archivo de 35 funcionarios mexicanos preparado en 2019 por la DEA. En ese entonces, se identificaron a personas posiblemente implicadas en actividades ilícitas, pero la medida fue frenada por diplomáticos para evitar tensiones bilaterales.

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