
El presidente Donald Trump está promoviendo una iniciativa que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento Estados Unidos, sin considerar el estatus migratorio de sus progenitores. Según informa The Hill, el Tribunal Supremo de EE.UU. deberá determinar si esta propuesta del gobierno de Trump será implementada o si, por el contrario, será bloqueada, al igual que otras medidas durante su segundo mandato.
El próximo 15 de mayo el Tribunal considerará si el presidente tiene la autoridad para modificar la interpretación de la ciudadanía americana que ha existido por más de un siglo. En lugar de solicitar directamente a la Corte Suprema que se pronuncie sobre la constitucionalidad de su política, Trump ha pedido que los jueces limiten el alcance de las órdenes judiciales que actualmente mantienen suspendidas las nuevas reglas de ciudadanía por nacimiento en el país.
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La administración de Trump argumenta que, al menos temporalmente, la nueva política debería aplicarse de forma más amplia, limitando la suspensión a los demandantes específicos o a los grupos que han impugnado la medida en los tribunales. De acuerdo con los abogados del Departamento de Justicia, cualquier juez en cualquier lugar no debería tener el poder de frenar la acción presidencial en temas de tan alta importancia, como eliminar o limitar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
Sin embargo, los opositores a la medida, como el fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin, sostienen que la ciudadanía no debe depender del lugar de nacimiento de los niños ni de los estatus legales o no de los padres. Según Platkin, es un principio fundamental de la Constitución que todos los nacidos en EE.UU. deben tener los mismos derechos, sin importar su estado de nacimiento.
Si la Corte Suprema se pronuncia a favor de limitar los mandatos judiciales universales, podría establecer un precedente importante que cambiaría la forma en que los tribunales emiten suspensiones a nivel nacional para la ciudadanía americana que afectaría directamente a los inmigrantes.
Según expertos legales, esta decisión también podría aclarar el futuro de la ciudadanía por derecho de nacimiento, una cuestión que ha estado bajo debate en diversas ocasiones. Los jueces tendrán que balancear los derechos constitucionales establecidos con las necesidades del gobierno federal para implementar políticas de manera eficiente.

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