Nuevo problema para inmigrantes en EEUU: sheriff se una a la demanda contra este estado por su 'ley santuario' que protege extranjeros

Una nueva disputa legal ha emergido en California relacionada con los derechos de los inmigrantes. El sheriff Chad Bianco, quien lidera el condado de Riverside, expresó su respaldo a la demanda presentada por la ciudad de Huntington Beach, que busca derogar la California Values Act, conocida como SB 54, una legislación aprobada en 2017 que restringe la colaboración de las autoridades locales con agencias federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en la implementación de leyes migratorias, según reporta Desert Sun.

La decisión de Bianco marca un hecho sin precedentes en el estado, ya que es el único sheriff que respalda la acción legal contra el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta. America First Legal, organización encargada de la representación legal, anunció su adhesión formal a la querella. La medida ha generado un amplio debate, en especial porque se produce en un condado con una importante comunidad de residentes nacidos en el extranjero.

PUEDES VER: Vigente enmienda firmada por Ron DeSantis en Florida ordena incautar vehículos y suspender licencia a los conductores

¿Cuá es la postura de Chad Bianco frente a la ley santuario de California?

El sheriff Bianco se ha mostrado crítico con la California Values Act desde su implementación. En reiteradas ocasiones ha manifestado que la ley protege a individuos con antecedentes penales al impedir que las autoridades locales colaboren en su entrega a ICE. En declaraciones recientes, señaló que si fuera gobernador derogaría inmediatamente la norma. Su decisión de unirse a la demanda indica que no esperará a una eventual llegada a Sacramento para actuar en este sentido.

La demanda sostiene que la ley estatal obstaculiza la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir la legislación migratoria, lo que pondría en riesgo la seguridad de los residentes de ciudades como Huntington Beach. Sin embargo, el propio Bianco aclaró que, aunque se opone a la SB 54, su departamento no realiza detenciones por razones migratorias, ya que considera que esta función corresponde exclusivamente al gobierno federal.

PUEDES VER: Estados Unidos: ICE arrestaría a inmigrantes en la calle tras aprobación de nueva medida que favorece a redadas

Reacciones de organizaciones defensoras de inmigrantes en California

La reacción de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes no se hizo esperar. La organización Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y la National Day Laborer Organizing Network intervinieron en el caso para oponerse a la demanda. Argumentan que eliminar las protecciones de la California Values Act aumentaría los encuentros hostiles entre la policía local y la población migrante, generando temor y desincentivando la denuncia de delitos por parte de personas en situación migratoria irregular.

Luis Nolasco, representante de la ACLU del sur de California, calificó la demanda como un intento de criminalizar a las comunidades de inmigrantes en Riverside y otros condados. En tanto, Javier Hernández, de la Inland Coalition for Immigrant Justice, defendió la ley vigente asegurando que garantiza el respeto al debido proceso y los derechos constitucionales de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

Contexto político y futuro de la demanda en California

La junta de supervisores del condado de Riverside se ha manifestado en sentido contrario a la postura de Bianco. En febrero, aprobó una resolución que reafirma el compromiso del condado con la protección de los derechos civiles de los inmigrantes y refugiados. La iniciativa incluyó la creación de un portal digital para ofrecer asistencia legal y recursos a personas indocumentadas, así como el respaldo a los beneficiarios del programa DACA, conocidos como “dreamers”.

La administración de Gavin Newsom ha reiterado que la ley SB 54 no prohíbe a ICE cumplir con sus funciones, sino que evita que los recursos estatales se utilicen para ejecutar políticas migratorias federales. El fiscal general Bonta también recordó a los cuerpos de seguridad que las normas locales restringen su colaboración con autoridades migratorias federales, priorizando la protección de las comunidades locales.