Gobierno de Trump negocia acuerdos con países para que reciban a migrantes deportados de Estados Unidos

El 30 de abril, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dio a conocer que el gobierno de Donald Trump mantiene conversaciones con diversos países con el fin de que estos reciban a migrantes que fueron deportadas. Esta medida representa un nuevo paso para reforzar la política migratoria del mandatario estadounidense a través de acuerdos bilaterales, Ruanda se incluiría en la lista. "Lo digo sin disculparme: estamos buscando activamente otros países para acoger a personas de terceros países", manifestó Rubio.

"No es sólo El Salvador. Estamos trabajando con otros países para decir: queremos enviarles a algunas de las personas más despreciables a sus países", agregó. Cabe recordar que El Salvador accedió a acoger a 238 ciudadanos venezolanos señalados como presuntos criminales. Esta acción se enmarca dentro de la estrategia migratoria, la cual se ampara en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que no había sido utilizada desde la Segunda Guerra Mundial.

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Trump usó ley de 1798 para deportar migrantes a cárceles extranjeras

La administración de Donald Trump intensificó sus esfuerzos para deportar a migrantes considerados peligrosos, buscando acuerdos con países como El Salvador para que reciban a estos individuos. Utilizando leyes como el Alien Enemies Act de 1798, se enviaron a presuntos miembros de pandillas, como el Tren de Aragua, a prisiones en el extranjero, evitando así su retorno a sus países de origen que se niegan a aceptarlos. ​

Esta política generó críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que señalan la falta de debido proceso y las condiciones inhumanas en las prisiones extranjeras. Además, se cuestiona la legalidad de utilizar leyes antiguas para justificar estas deportaciones masivas, especialmente cuando algunos deportados no tienen vínculos comprobados con actividades criminales. ​

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EE. UU. deportó por "error" a salvadoreño Kilmar Abrego García

Kilmar Abrego García, un salvadoreño con protección judicial en EE.UU. desde 2019, fue deportado por "error" a El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía su expulsión debido a amenazas de pandillas en su país. Actualmente se encuentra detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión conocida por violaciones a los derechos humanos.

El gobierno de Trump ignoró las órdenes judiciales para su retorno, lo que ocasionó la indignación y protestas por parte de su familia y defensores de derechos humanos. Este caso pone en evidencia las fallas del sistema de deportaciones y la necesidad de garantizar el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de los migrantes. ​

EE. UU. presiona a Colombia y Costa Rica por deportaciones

La política de deportaciones de EE.UU. originó tensiones con varios países. Colombia, por ejemplo, inicialmente rechazó vuelos con deportados colombianos debido al uso de aviones militares y el trato a los migrantes, lo que llevó a amenazas de sanciones por parte del gobierno estadounidense.

Costa Rica, por su parte, aceptó recibir a migrantes deportados de diversas nacionalidades, alojándolos en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (CATEM). Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch criticaron la falta de transparencia en los acuerdos y las condiciones de detención, instando al gobierno costarricense a permitir que los migrantes soliciten asilo en el país. ​