Congresistas republicanos y aliados de Trump pretenden cobrar US$1.000 a migrantes que pidan asilo en Estados Unidos
Esta medida sin precedentes, impulsada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, podría afectar drásticamente a solicitantes de países con economías frágiles, como Afganistán y Venezuela.
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Legisladores del Partido Republicano impulsan una propuesta para conceder al presidente Donald Trump facultades que le permitirían imponer un cobro mínimo de 1.000 dólares a los migrantes que presenten solicitudes de asilo en Estados Unidos. Asimismo, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes evalúa incrementar los costos actuales o establecer nuevas tarifas aplicables.
"El presidente Trump y los republicanos de la Cámara de Representantes están determinados a restaurar la integridad migratoria, mejorar la seguridad nacional y controlar el estado administrativo descontrolado", expresó el comité en un comunicado. Según las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, en el 2023 alrededor de 54.000 extranjeros se refugiaron en Washington.
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Republicanos plantean cobrar a solicitantes de asilo en EE. UU.
Los legisladores republicanos propusieron imponer una tarifa de US$ 1.000 a quienes soliciten asilo en EE. UU., una medida sin precedentes en la historia migratoria del país. Esta propuesta forma parte de un paquete legislativo más amplio impulsado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, con el objetivo de restringir la inmigración y reforzar la seguridad fronteriza.
La implementación de esta tarifa afectaría significativamente a solicitantes de países como Afganistán y Venezuela, donde $1.000 equivalen a varios meses o incluso años de salario. La medida generó preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes argumentan que podría limitar el acceso al asilo para personas vulnerables que huyen de persecuciones y conflictos.
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Propuesta de cobrar US$1.000 a solicitantes de asilo genera críticas
La propuesta fue criticada por parte de organizaciones de derechos humanos y legisladores demócratas, quienes consideran que imponer tarifas a los solicitantes de asilo contradice los principios humanitarios y las obligaciones internacionales de EE. UU. Argumentan que el asilo debe ser accesible para quienes huyen de situaciones de peligro, independientemente de su capacidad económica.
Además, se señala que esta medida podría ser contraproducente, ya que obligaría a los solicitantes a recurrir a vías irregulares para ingresar al país, aumentando los riesgos tanto para ellos como para la seguridad fronteriza. La propuesta también podría enfrentar desafíos legales por posibles violaciones a los derechos constitucionales y tratados internacionales suscritos por EE. UU.
Republicanos refuerzan agenda migratoria de Trump
La iniciativa se enmarca en un contexto político donde los republicanos buscan implementar políticas migratorias más estrictas, alineadas con la agenda de Trump. La propuesta de la tarifa de US$1,000 se suma a otras medidas, como la construcción de barreras fronterizas y el incremento de personal para la aplicación de las leyes migratorias.
De aprobarse, esta medida podría sentar un precedente para la implementación de tarifas en otros procesos migratorios, afectando a diversas comunidades de inmigrantes. También podría influir en las relaciones diplomáticas con países de origen de los solicitantes de asilo y en la percepción internacional sobre el compromiso de EE. UU. con los derechos humanos y la protección de refugiados.
¿Por qué Donald Trump no puede deportar a inmigrantes con TPS, según USCIS?
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el Estatus de Protección Temporal (TPS) se mantiene vigente para inmigrantes de varios países latinoamericanos, a pesar de los intentos de Donald Trump por poner fin a este beneficio en 2025. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado oficialmente la extensión del TPS para las siguientes comunidades:
- El Salvador: hasta el 9 de septiembre de 2026
- Honduras: hasta el 5 de julio de 2025
- Nicaragua: hasta el 5 de julio de 2025
- Venezuela: hasta el 2 de octubre de 2026
