
En medio de su primer año de mandato, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó la compra de un terreno valorado en un millón de dólares en una zona que forma parte del parque marino Complejo Los Cóbanos, específicamente en Playa El Flor. La propiedad, de casi 14 hectáreas, está dentro de un área natural protegida desde 2013, según registros del Ministerio de Medio Ambiente. La investigación fue realizada por Redacción Regional, Dromómanos y MalaYerba.
Los detalles de la transacción, que se realizó en diciembre de 2019, permanecieron sin difusión hasta que los medios mencionados accedieron a documentos del Centro Nacional de Registros. El hallazgo generó polémica entre ambientalistas, juristas y ciudadanos, quienes exigen explicaciones del Ejecutivo. "Esto no solo plantea interrogantes sobre legalidad, sino también sobre el uso del poder público para fines personales", indicó a MalaYerba el abogado ambiental Rodrigo Samayoa.
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Playa El Flor se encuentra dentro de una región reconocida por su alta biodiversidad marina, incluidas especies en peligro de extinción como las tortugas carey. Esta playa forma parte del parque marino Complejo Los Cóbanos, uno de los ecosistemas costeros más importantes de El Salvador. Desde 2013, el área cuenta con protección ambiental oficial, lo que restringe actividades comerciales y construcciones privadas.
La ley general de recursos hídricos, en vigor desde 2022, refuerza estas limitaciones al considerar bienes de dominio público a playas, ríos y cuerpos de agua. Bajo esta normativa, estos espacios no pueden ser vendidos ni utilizados con fines particulares. "Las áreas protegidas no están a la venta. Si se permite esto, sentamos un precedente que pone en peligro todo nuestro patrimonio natural", advirtió la bióloga marina Margarita Arévalo.
El documento de compraventa, sin embargo, no incluye restricciones de uso del suelo. Esto fue interpretado como una omisión crítica por parte de las autoridades involucradas en la transacción. El hecho de que el comprador fuera el presidente Bukele añade un elemento delicado al caso.
Según la investigación periodística, la propiedad estaba en manos de la empresa Inversiones Valosa S.A. de C.V., que no registraba actividad significativa. La venta se formalizó con la intervención del abogado Javier Argueta, asesor jurídico de Bukele en distintas ocasiones.
"El uso de figuras legales para adquirir terrenos en zonas prohibidas es una práctica que erosiona la institucionalidad", comentó Carla Zaldívar, experta en transparencia y rendición de cuentas. La operación se realizó en una notaría de San Salvador y fue inscrita en el Registro de la Propiedad sin objeciones, pese a que el terreno se ubica en una zona protegida.
Ninguna institución estatal emitió hasta ahora una declaración que justifique o explique cómo se autorizó la compraventa, ni si se evaluó el impacto ambiental de una posible intervención en el predio.
La adquisición se produce en un contexto donde la protección ambiental se ha debilitado en El Salvador. Diversas organizaciones ecologistas denunciaron que el gobierno de Nayib Bukele promovió reformas que debilitan los controles ambientales, incluyendo la eliminación de evaluaciones obligatorias para proyectos urbanísticos en zonas costeras.
"El caso de Playa El Flor es emblemático porque demuestra cómo los intereses privados están superando la defensa de los bienes comunes", afirmó Margarita Arévalo, bióloga marina y miembro de una red de defensa del parque marino Complejo Los Cóbanos. En sus palabras, "esto sienta un precedente peligroso para futuras decisiones sobre reservas naturales".
A la fecha, la Presidencia no brindó declaraciones oficiales sobre la compra ni sobre el futuro del predio. Mientras tanto, la comunidad científica y grupos de la sociedad civil exigieron que se declare "nula la transacción" y que se restituya el estatus de protección de Playa El Flor, en cumplimiento con la ley general de recursos hídricos.

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