La "guerra" de Bukele: gobierno de El Salvador recupera 11.000 casas ocupadas por presuntos pandilleros
Organismos internacionales expresaron su preocupación por el desalojo sin el debido proceso en algunos casos en El Salvador.
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El presidente Nayib Bukele intensifica su ofensiva contra las estructuras criminales que, durante décadas, sembraron el terror en barrios enteros de El Salvador. Como parte de esta estrategia, el gobierno ha recuperado más de 11.000 viviendas que estaban en manos de supuestos miembros de pandillas. Sin embargo, organismos internacionales han manifestado preocupación y advirtieron sobre denuncias de desalojos sin el debido proceso en algunos casos.
Estas acciones se enmarcan en el régimen de excepción que continúa vigente desde marzo de 2022. La medida, defendida por el Ejecutivo como indispensable para erradicar a las pandillas en El Salvador, ha generado tanto respaldo popular como críticas de organismos de derechos humanos. La recuperación de inmuebles marca una nueva fase en la “guerra contra las maras”, al atacar no solo a las personas, sino también a los territorios dominados.
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¿Cómo se ejecutó la recuperación de las viviendas en El Salvador?
El Ministerio de Vivienda, en colaboración con el Ministerio de Seguridad, lideró el proceso de inspección y recuperación de inmuebles en diversas zonas populares. De acuerdo con las autoridades, los inmuebles habían sido invadidos por estructuras criminales que utilizaban las casas para esconderse, almacenar armas o ejercer control territorial.

Según las autoridades, las pandillas se financian con extorsiones, drogas y alquiler de viviendas usurpadas. Foto: difusión.
“El gobierno ha devuelto más de 11.000 casas a sus legítimos propietarios o a quienes realmente las necesitan”, declaró la ministra de Vivienda, Michelle Sol. Además, explicó que muchas de estas propiedades formaban parte de proyectos sociales impulsados por administraciones anteriores y que habían terminado bajo el dominio de grupos criminales.
La presencia policial y militar se incrementó en las comunidades donde se realizaron los desalojos. Según la Policía Nacional Civil, la recuperación se efectuó sin resistencia armada y contó con el apoyo de los habitantes, quienes denunciaron haber vivido bajo amenaza constante. “Por años, estas casas fueron fortalezas del crimen. Hoy, son símbolo de esperanza”, aseguró un vocero del Ministerio de Seguridad.
Bukele y su “guerra” contra las pandillas
El control territorial siempre fue una de las principales armas de las pandillas en El Salvador. Al apropiarse de viviendas estratégicas, imponían miedo y limitaban la acción de las fuerzas de seguridad. Por ello, esta recuperación representa un golpe estructural a las bandas criminales.
El presidente Bukele ha señalado que “no se trata solo de capturar delincuentes, sino de liberar espacios que nunca debieron estar en manos de los criminales”. La estrategia se suma a las más de 75.000 detenciones realizadas bajo el régimen de excepción, con lo cual el gobierno busca demostrar que el control del Estado se ha restablecido. Organismos internacionales, sin embargo, han manifestado preocupación. Human Rights Watch advirtió sobre denuncias de desalojos sin el debido proceso en algunos casos.

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¿Qué hará el gobierno con las viviendas recuperadas?
El Ministerio de Vivienda anunció que las casas recuperadas serán reasignadas a familias desplazadas por la violencia o que se encuentren en situación vulnerable. “Estamos trabajando para garantizar que estos hogares sean habitados por personas que cumplan los requisitos y vivan en paz”, explicó Michelle Sol.
Se contempla también la rehabilitación de algunos inmuebles que fueron dañados o utilizados como centros operativos del crimen organizado. En algunos casos, se requerirá demolición total para evitar que el lugar siga siendo un punto de referencia del pasado violento.
El Salvador vive un proceso de transformación en el que las decisiones del Ejecutivo no solo afectan el presente, sino que moldean el futuro del país. La recuperación de las viviendas no solo representa una acción simbólica, sino también un intento por reconstruir el tejido social en las comunidades más golpeadas por la violencia.