
Los familiares de varios venezolanos detenidos en la base naval de Guantánamo decidieron llevar su lucha a los tribunales, demandando al Gobierno de Donald Trump por la prolongada detención de sus seres queridos. La demanda busca no solo la liberación de los detenidos, sino también una compensación por el sufrimiento emocional y psicológico que experimentaron las familias.
Organizaciones humanitarias denunciaron que los inmigrantes detenidos permanecen incomunicados y han exigido acceso a información sobre sus condiciones de detención y el debido proceso. En respuesta, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales, junto con otros grupos, presentaron una demanda que incluye a familiares de los afectados, según informaron este miércoles.
Eucaris Carolina Gómez Lugo descubrió la detención de su hermano tras ver una fotografía publicada por el Gobierno de Estados Unidos, lo que refleja la falta de información para los familiares de los migrantes. Las autoridades han señalado que algunos de los detenidos pertenecen a la organización criminal Tren de Aragua, una afirmación que ha sido rechazada por los parientes de los venezolanos implicados.
Según CBS News, al menos un centenar de migrantes, todos venezolanos, han sido trasladados a Guantánamo, aunque el Gobierno no ha revelado detalles sobre sus identidades. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reiteró que los detenidos están vinculados al Tren de Aragua, mientras que los familiares de tres de ellos, dos incluidos en la demanda, aseguran que son inocentes y denuncian no poder comunicarse con ellos.
Los migrantes enviados a Guantánamo no fueron arrestados en las calles, sino que ya se encontraban detenidos en un centro de Texas, algunos por más de cinco meses, lo que contradice la versión del Gobierno de que fueron "sacados" de las calles. Además, una investigación de EFE no encontró antecedentes penales en EE.UU. que vinculen a tres de ellos con el Tren de Aragua, cuestionando así las acusaciones de las autoridades.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo confirmó el traslado de Luis Alberto Castillo, de 30 años, a la base naval en Guantánamo, sin pronunciarse sobre los otros casos. Su hermana, Yajaira Castillo, denunció que su situación es injusta. Abogados de derechos civiles critican la falta de transparencia del Gobierno, señalando que la administración Trump no reveló detalles sobre el tiempo de reclusión, el marco legal de su detención ni las condiciones en las que permanecen los inmigrantes en la base.

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