
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la suspensión de las negociaciones de paz con el ELN tras un ataque que dejó más de 30 muertos y al menos 20 heridos en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Este acto violento, catalogado como crimen de guerra, representa uno de los episodios más graves de este tipo desde el inicio de su Gobierno en 2022.
La región del Catatumbo es clave para el narcotráfico, al albergar más de 52.000 hectáreas de cultivos de coca, según datos oficiales. Este territorio, históricamente conflictivo, es disputado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, generando un ambiente de inseguridad que afecta gravemente a la población civil.
La decisión de suspender las negociaciones surge tras un ataque perpetrado por el ELN en el Catatumbo. Según el presidente Petro, “lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”. Este enfrentamiento, además de causar muertes y heridos, ha desplazado a decenas de familias y aumentado la tensión en la región.
El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, confirmó que el ataque dejó un saldo de "más de 30 personas asesinadas", sin precisar si las víctimas incluyen civiles. Líderes locales también denunciaron que guerrilleros del ELN destruyeron viviendas y amenazaron a residentes para consolidar su control territorial.
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El Catatumbo es una región estratégica debido a su proximidad con Venezuela y su relevancia en las rutas del narcotráfico. Este contexto, unido a la ausencia de un control efectivo por parte del Estado, ha facilitado la proliferación de grupos armados ilegales.
La violencia ejercida por el ELN ha sido un obstáculo recurrente en las negociaciones de paz. Desde su inicio en 2022, el diálogo ha enfrentado crisis constantes, debido a la falta de voluntad percibida por ambas partes para alcanzar acuerdos concretos. Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, había apostado por una salida negociada al conflicto, pero los recientes hechos ponen en entredicho la viabilidad de este camino.
Esta guerrilla, activa desde 1964, cuenta con unos 5.800 combatientes y una red de colaboradores en todo el país. Su estructura federada complica las negociaciones, ya que las decisiones de los comandantes no siempre son acatadas por sus frentes regionales. Esto ha derivado en acciones como la registrada en el Catatumbo, donde la población civil sigue siendo la principal víctima.
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El Catatumbo, uno de los territorios con mayor densidad de cultivos de coca en el mundo, enfrenta una crisis humanitaria agravada por la disputa entre el ELN y las disidencias de las FARC. La Defensoría del Pueblo informó sobre desplazamientos forzados de familias, así como asesinatos selectivos de personas asociadas con grupos rivales. “Desde noviembre de 2024 se alertó sobre la inminente violencia si no se tomaban medidas”, señaló la defensora Iris Marín.
Además, la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela ha intensificado los conflictos en la frontera, debido a cambios geopolíticos que afectan los intereses de los grupos armados en la región. La analista Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, advirtió que "la situación de seguridad se está deteriorando muy rápidamente".

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