En los últimos años, China se ha convertido en uno de los principales acreedores de América Latina. Entre 2005 y 2022, el país asiático otorgó préstamos por US$136.000 millones a la región, según datos de Bloomberg y la Universidad de Boston. En este sentido, la nación latinoamericana que encabeza esta lista es Venezuela, con US$60.000 millones, lo que representa el 44% del financiamiento total proporcionado por el Banco de Desarrollo de China (CDB) y el Exim Bank. Estos recursos fueron destinados a proyectos estratégicos en energía, infraestructura y telecomunicaciones.
Según Camilo Defelipe Villa, académico en política exterior de Asia-Pacífico, estas deudas implican compromisos geopolíticos y económicos significativos que podrían impactar la soberanía de las economías emergentes.
Venezuela, Brasil y Ecuador son los principales receptores de préstamos chinos en la región.
La financiación china proviene en su mayoría del Banco de Desarrollo de China (US$96.1 mil millones) y el Exim Bank (US$27.1 mil millones), instituciones que han renegociado acuerdos para extender plazos y flexibilizar pagos, según Inter-American Dialogue.
Los préstamos chinos han permitido a muchos países latinoamericanos desarrollar infraestructura clave, pero no están exentos de desafíos. Según Veneta Andonova, decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, estas inversiones van más allá de lo económico, ya que también buscan fortalecer la influencia política de China en la región.
Aunque los fondos aportan capital fresco a economías emergentes, los contratos suelen estar vinculados al comercio de materias primas, como el petróleo en Venezuela. Este modelo puede limitar los beneficios económicos de largo plazo y generar dependencia. Además, los especialistas advierten que países como Venezuela han experimentado problemas significativos por la falta de claridad en sus estrategias de pago, un aspecto que podría replicarse en otros casos.