Misión de la ONU denuncia crímenes de lesa humanidad cometidos por régimen de Maduro durante las elecciones de Venezuela 2024
La ONU ha publicado un informe que acusa al régimen de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad, documentando violaciones sexuales y torturas entre antes y después de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de la ONU acusó a la dictadura de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad en un nuevo informe que documenta violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración como parte de “un plan coordinado para silenciar a las personas opositoras”.
En el informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, se destaca que las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos. El documento señala como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
También, se menciona que las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, especialmente después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia.
ONU acusa a régimen de Maduro por “crímenes de lesa humanidad”
El informe menciona además a diversas instituciones, como el Consejo Nacional Electoral, que no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad, la Asamblea Nacional, que estuvo involucrada en la aprobación de leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático, y el sistema de justicia, que continuó operando sin independencia.
“A pesar de ser solo una muestra de un universo mucho más amplio —señala la ONU—, los casos investigados y documentados por la Misión incluidos en este documento ilustran la manera en la que la maquinaria de represión del Estado ha funcionado, y lo continúa haciendo”.
Y concluyó: “Las violaciones graves de derechos humanos y los delitos no fueron hechos aislados e implicaron a una amplia gama de actores institucionales. Las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.
El documento señala como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional. Foto: AFP
Represión a opositores, líderes políticos y civiles
A pesar de informes anteriores que ya habían señalado al Estado venezolano por graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento resalta que el perfil de las víctimas de la represión se amplió durante el periodo electoral, afectando no solo a líderes de la oposición, sino a ciudadanos civiles
“El perfil de las víctimas de la represión se amplió de manera significativa. Este perfil abarcó no solo a lideresas y líderes políticos y actores de la sociedad civil, sino que, tras las elecciones, incluyó a ciudadanos y ciudadanas comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”, se lee en el documento.
En el contexto electoral, los abusos también fueron sufridos por ciudadanos que simplemente expresaban su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades.
El documento de 158 páginas detalla detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, señalando la complicidad de las fuerzas de seguridad, como SEBIN, DGCIM y la Guardia Nacional. Foto: AFP
ONU observó crímenes antes y durante las elecciones de Venezuela 2024
El informe revela que en los 10 meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron arrestadas en relación con conspiraciones alegadas por el régimen de Maduro, muchas de ellas en la operación conocida como Brazalete Blanco. Durante la campaña electoral, se produjeron otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.
Estas campañas sirvieron como justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil, según indicó el informe del grupo de expertos, conformado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá y a cargo de la jurista portuguesa Marta Valiñas.
La represión se intensificó después de los resultados electorales, cuando las autoridades iniciaron una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedentes, con un número de arrestos que podría alcanzar cifras de miles, comparables únicamente con las protestas de 2014, 2017 y 2019, según el informe.
