Argentina: ¿en qué consiste la Ley de Bases de Milei?

El rechazo ciudadano movilizado en las calles no bastó para que la cámara alta argentina ignorara los perjuicios de una norma que desregulariza la economía.

Con este acto, y tras medio año de haber asumido la presidencia, Javier Milei logró su primer triunfo legislativo este jueves con la aprobación en el Senado de la llamada Ley Bases. No obstante, queda pendiente que el paquete legislativo deberá regresar a la Cámara de Diputados, que lo aprobó en abril, para su sanción definitiva.

La votación, que se extendió hasta la madrugada, resultó en un empate con 36 votos a favor y 36 en contra. Sin embargo, el voto favorable de la vicepresidenta Victoria Villarruel permitió la aprobación del paquete legislativo.

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Mientras en el Parlamento se debatían los puntos de la ley, centenares de personas protestaban en el exterior.

Uno de los aspectos más importantes de la Ley Bases para el gobierno es que otorga al presidente competencias extraordinarias por un año. Esto permitirá a Milei ejercer facultades que normalmente corresponden al Poder Legislativo hasta mediados de 2025, pudiendo tomar decisiones sobre estos temas sin necesidad de pasar por el Congreso.

Por otro lado, propone el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años, para proyectos que superen los 200 millones de dólares.

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También la Ley Bases permitirá al Gobierno poner en venta algunas empresas del Estado, aunque no todas las compañías del sector público, como proponía el proyecto original presentado por Milei. De las cerca de 40 empresas que se incluían en la propuesta inicial para ser privatizadas, solo dos podrán ser vendidas: Intercargo, que presta servicios en aeropuertos a las líneas aéreas, y Energía Argentina S.A. (Enarsa), encargada de la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos y el transporte y almacenaje de combustible.

Finalmente, la norma ofrece beneficios a los empleadores que regularicen a sus trabajadores. No obstante, también elimina sanciones contra el trabajo “informal”, suprimiendo las indemnizaciones especiales que actualmente reciben los empleados no registrados correctamente.