En medio de una grave crisis de seguridad, que cobró la vida de dos alcaldes en menos de 48 horas esta semana, y un nuevo estado de excepción decretado por la emergencia eléctrica que provoca cortes de luz en varios puntos del país, se realizarán, este domingo 21 de abril, las votaciones del referendo y la consulta popular en Ecuador. Los comicios, promovidos por el propio presidente Daniel Noboa, tienen como fin —según señaló— "construir un nuevo Ecuador, un país donde se combata la violencia, la impunidad y se genere empleo".
Para ello, más de 13 millones de ciudadanos están llamados a participar en la consulta popular, en la que deberán responder 10 preguntas que buscan establecer reformas legales y constitucionales en temas como la inseguridad, justicia, empleo y arbitraje internacional.
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A la muerte de José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, que fue asesinado la noche del miércoles 17 de abril, se sumó el trágico deceso de Jorge Maldonado, máxima autoridad del municipio de Portovelo, provincia costera de El Oro, zona limítrofe con Perú.
Según medios locales, Maldonado fue atacado por dos individuos no identificados, quienes realizaron varios disparos en su contra la mañana del viernes 19 de abril. Aunque fue trasladado a un centro médico de emergencia, solo se pudo confirmar su fallecimiento en el nosocomio.
Los cantones de Camilo Ponce Enríquez y Portovelo, municipios de donde eran ambas víctimas, son zonas conocidas por la presencia de la minería ilegal y ser tránsito de narcotráfico, por lo que las autoridades no descartan la participación de bandas criminales en ambos atentados.
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Sánchez y Maldonado se suman a una lamentable lista de autoridades asesinadas en Ecuador en lo que va de 2024, en la que también figura Diana Carnero, una joven concejala de Naranjal y destacada figura del partido Revolución Ciudadana, que fue acribillada brutalmente por sicarios en febrero de este año.
El estado de excepción, que solía ampliarse por los continuos ataques de las bandas organizadas, vuelve a entrar en vigor en Ecuador, ahora por la grave crisis energética que enfrenta el país. Este hecho ha obligado al corte del servicio eléctrico, así como a la suspensión de jornadas laborales y clases.
La medida, oficializada mediante el Decreto 299, indica que tendrá una duración de 60 días. De esta manera, se espera “garantizar la seguridad de las instalaciones críticas de infraestructura energética, para prevenir sabotajes, ataque terroristas u otras amenazas que puedan afectar su funcionamiento”. Asimismo, se solicita una intervención urgente por parte de las instituciones del Estado para garantizar el cuidado adecuado del servicio público de energía eléctrica dentro de Ecuador.
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Parte del problema de falta de electricidad en Ecuador surge por la grave sequía que vive este país y su vecino Colombia, nación que tiene como fuente de energía las centrales hidroeléctricas y de la cual se abastecía una parte de los ecuatorianos. Ante esta situación, el Gobierno de Gustavo Petro anunció la suspensión de la exportación de este recurso para priorizar la situación de sus habitantes.