David Toro Escobar. EFE
La población guatemalteca aguarda en incertidumbre a un mes de la segunda vuelta electoral, abrumada porque el Ministerio Público (Fiscalía) está intentando eliminar de la contienda al partido político progresista Movimiento Semilla.
La Fiscalía, pese a la sanción de Estados Unidos contra sus miembros, sigue firme en sus intenciones de suspender a Semilla, cuyo candidato presidencial, Bernardo Arévalo de León, avanzó al balotaje en los comicios celebrados el 25 de junio.
Por ello, Guatemala está en una “situación jurídica muy peligrosa porque las sentencias y las órdenes que mantienen de pie el proceso electoral son provisionales”, opina el politólogo Ricardo Saénz de Tejada. “No hay nada definitivo y da la impresión de que están midiendo sus posibilidades de materializar sus intenciones”, advirtió Saénz de Tejada.
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Por lo pronto, la segunda vuelta electoral está programada para el 20 de agosto entre Arévalo de León y la ganadora de la primera vuelta, Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Sin embargo, esta misma semana la Fiscalía intentó nuevamente suspender a Semilla y según expertos, el Ministerio Público no parece tener intención de detenerse, pese al rechazo recibido por parte de la población y la comunidad internacional.
El 12 de julio, el fiscal Rafael Curruchiche, quien dirige la Fiscalía Especial contra la Impunidad, abrió un pantano judicial en torno a las elecciones, cuando solicitó a un juzgado penal que suspendiera a Semilla por supuestas firmas falsas en su proceso de inscripción en 2018.
La medida, sin antecedentes históricos, pretendía la inhabilitación de Arévalo de León y generó fuertes críticas, incluida una declaración de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que calificó la acción como “un intento por desconocer la voluntad electoral”.
La solicitud de Curruchiche fue avalada por el juez Fredy Orellana, y ordenó la suspensión inmediata del partido para el balotaje del 20 de agosto.
A ello se sumó un allanamiento al Tribunal Supremo Electoral bajo su autorización el 14 de julio.
Los fiscales y el juez que protagonizan el intento de tumbar a Semilla tienen en común que han sido sancionados por Estados Unidos como actores corruptos y antidemocráticos, por cometer “actos que socavan los procesos e instituciones”.
El fiscal Curruchiche, acusado por Estados Unidos de desbaratar importantes casos de corrupción, está al frente del proceso y ha solicitado la captura de dos miembros del partido político esta misma semana.
Curruchiche y Monterroso son los mismos fiscales que acusaron de lavado de dinero al periodista José Rubén Zamora Marroquín, solo cinco días después de lanzar fuertes críticas contra el presidente Alejandro Giammattei.