Proceso constitucional en América Latina: ¿cómo se viene desarrollando en Chile, Ecuador y Perú?

Durante los últimos años y con el desarrollo del panorama mundial, las demandas y necesidades sociales en Latinoamérica se han vislumbrado, lo que ha llevado a su población a exigir cambios necesarios en su principal base como Estado: la Constitución, la cual permite establecer nuevas normas o pactos que se rijan en sus naciones.

Estos son los casos de tres países latinoamericanos: Chile, Ecuador y Perú, que debido a sus contextos políticos y sociales han puesto en debate estas necesidades. Algunos buscan cambios puntuales, mientras que otros una reforma total de su carta magna; unos se encuentran en debates públicos y en algunos casos se ha partido en la realización de proyectos que permitan las modificaciones solicitadas.

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Chile y el adiós a la constitución de Pinochet

Surgido después del gran estallido social de 2019, el pueblo chileno logró aprobar en el año 2020 el redactar una nueva Constitución, la cual buscaría reemplazar la elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este mismo año, se escogió a quienes participaron en la preparación del documento, el cual cuenta con una representación de pueblos originarios y es la primera en ser paritaria.

Con estos primeros pasos establecidos, es importante precisar cuáles son los principales puntos por el cual el pueblo chileno votó en un 78% a favor de una nueva Constitución.

Si bien es cierto que la mayoría de las quejas partían de una carta magna nacida en una dictadura, se sumó la necesidad de intervenir en aspectos como el derecho al agua, declarándolo como un bien “inapropiable”; el tener un estado social y democrático de derecho, que resguarde necesidades como la educación, pensión salud, trabajo o vivienda; y el reconocer a los pueblos originarios e indígenas como parte de un Estado Plurinacional e Intercultural.

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Con ello, la Asamblea Constituyente de Chile procedió a elaborar un nuevo estatuto; sin embargo, este fue rechazado por un 62% de la población, lo que significa que este grupo deberá de volver a reunirse para establecer y modificar los puntos que ocasionaron que no se aprobara el texto.

Esta negativa fue un gran golpe al gobierno de Gabriel Boric, quien ya ha convocado a un nuevo proceso para escoger a otros miembros de la Asamblea, quienes durante este año deberán trabajar en una propuesta que será otra vez observada a voto por la población, el 17 de diciembre de 2023.

Ecuador en búsqueda de consensos

Este 5 de febrero, Ecuador, además de escoger a nuevos representantes provinciales y distritales, decidirá sobre ocho puntos que cambiarán en su Constitución en relación con temas de políticos, institucionales, de seguridad pública y aspectos medioambientales.

Fue el mismo Guillermo Lasso quien, el pasado noviembre, convocó a sus compatriotas a decidir sobre estas modificaciones constitucionales. Esta medida es criticada por la oposición, señalando que, con ello, busca controlar a quienes les causan problemas y aumentar su poder político.

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En entrevista con DW, Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista y promotor del "No”, sostiene que el Gobierno pretende "oxigenar a sus candidatos” en medio de la impopularidad que rodea la gestión de Lasso quien, de acuerdo con la encuestadora Perfiles de Opinión, contaba con un 20% de aprobación en diciembre de 2022.

Por su parte, desde el Gobierno ven como positiva esta consulta, la cual señalan que contribuirá a mejorar la lucha contra la "narcodelincuencia”, fortalecer las instituciones y cuidar del medioambiente. Incluso, el presidente Guillermo Lasso señaló que el referéndum es una oportunidad para "enfrentar problemas que Ecuador no ha podido resolver en el pasado”.

Perú y sus desacuerdos por una nueva carta magna

En comparación con Chile y Ecuador, Perú no ha avanzado mucho en el debate o el proyecto de elaborar una nueva constitución, la cual fue hecha —así como en su vecino país chileno— durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori.

El Perú carece de un consenso de partidos y representantes políticos, o de un liderazgo que recoja el clamor de la población del que, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 40% de los peruanos cree que es más conveniente para el país el cambiar hacia una nueva Constitución, mientras que otro 45% cree que al menos se deberían realizar modificaciones en ella.

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La necesidad de un cambio constitucional tomó fuerzas en 2018, luego de un gran remezón en el escenario político que llevó a la remoción de un presidente y al cierre del Congreso. Por ello, se consultó en referéndum la modificación de algunos puntos sobre organizaciones políticas y cargos públicos.

Desde entonces, y con la llegada de la crisis económica, política, social y sanitaria, se destapó las problemáticas que no fueron atendidas a tiempo y que han llevado a la población a solicitar nuevas elecciones generales y el cambio de la Constitución.

Por ello, en las elecciones generales de 2021, fueron los partidos de izquierda quienes tomaron como consigna el cambio constitucional, mientras que los partidos de derecha han señalado su negativa hacia un cambio de esta, indicando que afectaría a la economía del país.

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Esta disputa se ha mantenido e intensificado durante los últimos meses, luego de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido de su cargo y haya sido reemplazado por su entonces vicepresidenta Dina Boluarte. De esta manera, la población —principalmente de provincia— se ha movilizado multitudinariamente para exigir, además de la salida de la mandataria, el cambio a una nueva Constitución.

Tras dos meses de paros, manifestaciones y unos 58 muertos, el Parlamento y el Ejecutivo aún no han llegado a un acuerdo que logre apaciguar las protestas populares y reivindicar la falta de presencia del Estado en proteger a sus ciudadanos.