Sao Paulo. EFE
Nuevos casos de violencia política han elevado la tensión en la recta final de la campaña electoral en Brasil, altamente polarizada entre el exmandatario progresista Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
Las autoridades investigan el asesinato de al menos cuatro personas tras presuntas discusiones políticas, dos de ellas el pasado fin de semana, entre otras agresiones a militantes y candidatos desde el inicio de la campaña. El ambiente de crispación ha obligado a Lula, favorito en los sondeos de cara a los comicios del domingo, y a Bolsonaro, que en la campaña del 2018 recibió una puñalada de un enfermo mental, a acudir a algunos de sus mítines con chalecos antibalas.
A ambos los rodea además un amplio dispositivo de seguridad, que al menos en el caso del líder del Partido de los Trabajadores (PT) se ha reforzado ante la escalada de amenazas en su contra. En la última conocida, ha entrado la Justicia con la aprehensión del celular de un sospechoso que en un correo electrónico comunicó al PT su intención de asesinar al antiguo dirigente sindical en Sao Paulo: “El cuchillo ya está afilado”.
La tensión ha traspasado fronteras y es motivo de preocupación por parte de algunos países. Estados Unidos, a través de la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, condenó los últimos incidentes violentos en el marco de la campaña y dijo esperar que las elecciones transcurran “de manera justa, transparente y creíble”.
La situación podría agravarse el día de los comicios. Un oficial de la Policía Militar de Sao Paulo dijo a Efe, bajo condición de anonimato, que “no descarta altercados” callejeros, en caso de una victoria de Lula en primera vuelta, escenario dibujado por varias encuestas.
En este contexto, una encuesta del Foro Brasileño de Seguridad Pública y de la Red de Acción Política por la Sustentabilidad (RAPS) indicó que siete de cada diez brasileños reconocen tener miedo de ser agredidos físicamente al manifestar sus opiniones políticas.
Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar (1964-1985), se ha quejado en repetidas ocasiones de que lo responsabilicen de propagar un “discurso de odio” que él atribuye a la izquierda.
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Por su parte, Lula culpó este martes al Gobierno de Bolsonaro de crear un clima de “miedo” entre la población, “motivado por el odio y el fascismo”.
El expresidente de la Corte Suprema de Brasil José Celso de Mello, que se jubiló del alto tribunal en el 2020, anunció su apoyo a Lula.
Celso de Mello, quien fue juez del Supremo por tres décadas, dijo que Bolsonaro ha mostrado “un comportamiento vulgar, completamente incompatible con la seriedad del cargo que ejerce”.
Agregó que Bolsonaro es un “político menor, sin estatura presidencial, con un alto coeficiente de mediocridad y carente de respetabilidad política”.