En horas de la noche, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que se presentará como candidato a las elecciones generales de 2024. Dicho anuncio se dio en el marco del discurso presidencial en conmemoración de los 201 años de independencia del país centroamericano.
“Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República”, expresó el mandatario en el mensaje transmitido el último 15 de septiembre.
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Ante los posibles cuestionamientos a este movimiento político, Bukele manifestó que puede que “más de algún país desarrollado no esté de acuerdo con esta decisión, pero que no son ellos los que decidirán, sino (...) el pueblo salvadoreño”.
Dichas palabras hacen referencia a las tensiones permanentes que mantiene con Estados Unidos, que, bajo la administración de Joe Biden, ha señalado al Gobierno salvadoreño en reiteradas oportunidades de conducirse por una senda antidemocrática.
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A pesar de que la popularidad de Nayib Bukele es alta entre la población de El Salvador, en particular por sus medidas en contra de la Mara Salvatrucha, sus intenciones de perpetuarse en el poder han sido puestas en entredicho por parte de sus opositores, quienes afirman que el presidente ha violado los principios de la constitución con respecto a la reelección.
Según el artículo 152 de la Constitución de 1983, en El Salvador, entre otras restricciones, se prohíbe la candidatura presidencial de aquellos que hayan “desempeñado la presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.
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Es este punto en particular el que divide a partidarios y detractores del mandatario, dado que, si bien es cierto que, a mediados de 2021, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador emitió una resolución que habilita la reelección presidencial inmediata, bajo la indicación de esta prohibición se aplicaría al antecesor de Bukele, algunos expertos constitucionalistas han manifestado que este punto incluye al presidente actualmente en ejercicio.
En el Perú, una situación similar se dio en 1996, cuando se discutió sobre la validez constitucional de la segunda reelección de Alberto Fujimori, la cual obtuvo vía libre tras la aprobación de la llamada “ley de interpretación auténtica”.