Recuerdan la “interpretación auténtica” que permitió la re-reelección de Alberto Fujimori
Tras la conclusión de la comisión de Constitución que fuerza a PPK asistir a comisión Lava Jato, recuerdan en redes la famosa interpretación de la Carta Magna que se hizo en los 90 para que Fujimori pudiera postular en el 2000.
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Tras analizar la Carta Magna, la comisión de Constitución del Congreso resolvió este martes que el presidente Pedro Pablo Kuczynski sí tiene la obligación de comparecer ante una comisión investigadora. Esto ha sido calificado, por algunos congresistas y usuarios en las redes, como una nueva “interpretación auténtica”, en alusión a la famosa ley de los 90 que permitió a Alberto Fujimori postular a una segunda reelección.
El 23 de agosto de 1996, el Congreso de la República aprobó la Ley 26657 que hacía una “interpretación auténtica” del artículo 112 de la Constitución, la misma que sirvió para que el entonces presidente pudiera postular a las elecciones generales en el año 2000.
Un año después de ganar su primera reelección (1995), Fujimori empezó a trabajar en su tercera postulación presidencial, pese a que la Constitución de 1993 —aprobada por mayoría fujimorista— solo le permitía ser reelegido para un periodo consecutivo, el cual ya había consumado en 1995.
Ante este impedimento, en 1996 el fujimorista Carlos Torres y Torres Lara, presidente de la Comisión de Constitución, y otros legisladores de su bancada, presentaron el proyecto de ley de “interpretación auténtica” que finalmente se aprobó por la mayoría fujimorista en el Parlamento.
Con esta ley se argumentó que la elección de Fujimori en 1990 no contaba porque en ese entonces regía la Constitución de 1979, y por lo tanto, Alberto Fujimori solo se habría presentado como candidato una vez, en 1995, y que su postulación en el 2000 recién sería su primera reelección.
En 1997, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de “interpretación auténtica”, pero el fujimorismo destituyó a tres de sus miembros, lo que generó protestas de estudiantes, sindicatos y de la sociedad civil.
A los tres magistrados (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano) les hicieron juicio político y los destituyeron de sus puestos. Sin embargo, en 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la reposición de sus cargos.
