Chile: la lucha por la hegemonía, por Gabriel Gaspar
El reconocido cientista y diplomático chileno analiza en caliente el categórico resultado del plebiscito, que representa un tremendo revés para el Gobierno izquierdista de Gabriel Boric, y perfila los desafíos que debe enfrentar La Moneda.
Por: Gabriel Gaspar
El telón ha caído, pero se equivocan quienes piensan que el tema constituyente chileno esta definido. En realidad, hemos pasado a una nueva etapa de este. Al mismo tiempo, se equivocan también quienes interpretan el resultado como un debate esencialmente jurídico-político, sin atender la coyuntura en que se dio, y al proceso que lo precedía.
El 4/9, la ciudadanía chilena, además de opinar sobre el proyecto de reforma constitucional, también emitió una opinión respecto a la marcha del país, empezando por una valoración del primer semestre de la administración Boric. Esto incluye aspectos de la realidad que van más allá de la discusión sobre el nuevo pacto social.
¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los otros ejes que enmarcan el proceso político chileno?
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En mi apreciación, se trata de la articulación de tres partes integrantes de la realidad: el proceso constituyente propiamente tal; en segundo término, la pérdida de control del territorio y de las fronteras que por diversas causas ha experimentado el Estado chileno. Finalmente, la demanda de reactivación y normalización económica que traspasa a trabajadores, empresarios y consumidores.
La articulación de estos tres procesos constituye la amplia carretera por donde transitará el país en el futuro inmediato. Darle forma práctica y legitimada al proceso constituyente, recuperar el control del territorio y reanimar la economía será el campo del debate político-ideológico de la sociedad chilena. Será el teatro de operaciones de la disputa por la nación la conformación del nuevo sentido común nacional. Veamos brevemente cada uno de estos tres procesos.
Continuidad del proceso constitucional
El categórico resultado del plebiscito tiene múltiples lecturas. Numérica, política y comunicacional. Numéricamente, refleja un abismo comparado con el plebiscito de entrada (79% de respaldo), sin lugar a dudas que el desempeño de la CC es en gran parte responsable de este cambio. Las extravagancias, el narcisismo y una cierta visión mesiánica de una parte de los convencionales, si bien fue frenada en sus excesos por los 2/3 en el texto, impactaron fuertemente a la sociedad. El triunfo del rechazo es de alguna manera una reacción ante la violación de sensibilidades muy profundas de la gente.
Políticamente es una contundente derrota del oficialismo, y dentro suyo, de su diseño original. Una fórmula (Frente Amplio y PC) que obtuvo el 25% en la primera vuelta, que sumó un 55% en la segunda con votos del llamado socialismo democrático, pero que en gran parte impuso su sello como si hubiera ganado con votos propios. El Gobierno tendrá que entrar a abrir el motor y hacer un ajuste mayor.
Comunicacionalmente el oficialismo ha quedado a la defensiva y deberá operar con presteza si pretende recuperar la iniciativa política. Ello tiene que ver con construir una fórmula con sectores de la oposición para abrir una segunda fase del proceso constituyente. Esa fórmula no está para nada definida y es claro que para ello dependerá de su relación con los partidos y especialmente con el Congreso. En suma, la Convención no resolvió la cuestión constitucional y creó las condiciones para que la sociedad rechazase el proyecto de nueva Constitución.
Pero el debate constituyente no es todo.
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Recuperar el control del territorio
La polarización en torno al plebiscito no es el único desafío, por razones muy diversas, en los últimos años el Estado ha perdido gradualmente el pleno control del territorio. También de parte de sus fronteras, especialmente en el norte. Es algo muy grave.
Una amplia mayoría en Chile rechazó la propuesta de constitución que buscaba cambiar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Foto: AFP
Aún no llegamos a situaciones extremas como se viven en otras partes del continente, pero si no enfrentamos el desafío, la tendencia va para allá. Todo ello se traduce en la denominada “crisis de seguridad”, envolviendo procesos de muy diversa naturaleza, incluida la masiva migración, en gran parte ilegal. Todos estos procesos afectan la seguridad y obviamente requieren de medidas muy específicas y diversas.
En este ámbito tenemos en primer lugar la situación de la Araucanía, de larga data y compleja expresión. No empezó en este gobierno, pero se ha ido agravando y puede llegar a ser inmanejable. Tanto el gobierno anterior como el actual han fracasado en contener el incremento de la violencia en la zona. Ambos han buscado al final el recurso de las FF. AA. Pero siguiendo a un destacado estratego nacional, debemos reconocer que las FF. AA. son un instrumento del Estado, disponible para lo que ordene el poder político, pero no es el único instrumento. La caja de herramientas estatal tiene muchas otras herramientas, desde las judiciales y policiales hasta las económicas y sociales. Lo que falta es la construcción de un diagnóstico consensuado de la situación y luego de ello, la precisión de los objetivos a alcanzar y la estrategia para lograrlo. O sea, ante todo, una responsabilidad de la élite política.
Pero el tema de seguridad no se agota en el sur, a lo largo de todo el país la delincuencia se empodera, especialmente en las barriadas de las principales ciudades, en muchos casos, ligados al narco. Peor aún, bandas de delito organizado provenientes del extranjero instalan filiales en nuestro territorio.
Su combate requerirá recuperar los niveles de eficiencia policial que alguna vez tuvimos, dentro de ello, elevar la relación civil-policial a nuestros estándares históricos y republicanos. Sin colaboración de la ciudadanía, es difícil el desempeño de la policía. También requiere cooperación policial e inteligencia con países amigos que sufren el mismo flagelo.
El objetivo debe ser uno solo: la plena recuperación del control de nuestro territorio y restablecer el imperio de la ley garantizando los derechos de todos nuestros ciudadanos. Pero no es todo, una cosa es definir la ruta del buque, el puerto al que queremos llegar. También se debe tripular como corresponde a las distintas agencias estatales que deben participar. Un buen plan requiere de un buen mando que lo lleve a cabo, y ese mando requiere de una oficialidad que sepa cumplir con su deber.
La recuperación económica
La economía chilena resintió el estallido social de octubre del 2019, luego las extenuantes cuarentenas que impuso el covid, y este año, los impactos de la guerra en Ucrania. Para una economía abierta al mundo y que depende del mercado global es mucho.
La historia es muy parecida al resto de los países del continente: escasez de algunos productos, encarecimiento de otros (energía y alimentos), ruptura de la cadena logística, inflación y probablemente, una próxima recesión. Chile no experimentaba inflación desde hace unos 30 años, y este año la inflación anualizada supera el 12% y puede subir. El tipo de cambio se dispara, con ello la tasa de interés y el crédito se encarece.
De estos tres desafíos, el de la recuperación económica es quizás donde existe mayor consenso en cómo salir. Salvo un puñado de parlamentarios que ante la menor dificultad demandan incrementar bonos estatales, la mayoría entiende que solo elevando productividad, normalizando los equilibrios macro, incrementando la inversión y el empleo, entre otros aspectos, se pueden recuperar los niveles de crecimiento, necesarios además para poder satisfacer las demandas sociales. A su vez, el portaviones de la economía chilena está en manos experimentadas, reconocidas dentro y fuera de nuestras fronteras.
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A modo de conclusión
Chile enfrentará una primavera con desafíos políticos y económicos de magnitud. Probablemente, tendremos una recomposición de la fórmula y del equipo de Gobierno, un gobierno que no tuvo luna de miel y que aterrizó con los dientes. ¿Logrará La Moneda recomponer otro anillo de poder que le permita ampliar su base de sustentación?
¿Predominarán las tendencias conciliadoras en materia constitucional? ¿O se impondrán los maximalismos? ¿Recuperará el Estado el pleno control del territorio? ¿Podrá la oposición superar sus diferencias y construir una alternativa en materia constitucional?
Estas y otras son las interrogantes que se abren para este fin de año, pero irán más allá y probablemente acompañen también a los más de 3 años que tiene por delante la administración Boric. Se inicia un nuevo capítulo de la disputa por la nación.
