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“Redadas digitales”: denuncian método para localizar a migrantes por sus celulares en EE. UU.

Unión de Libertades Civiles denunció compra de datos por parte de algunas entidades estadounidenses. La información revela mucho de la vida privada y debe ser protegida, señalaron desde la organización.

larepublica.pe
Este martes 19 de julio, se realizará una audiencia para evaluar las redadas digitales. Foto: ICE

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos adquieren y usan “vastas cantidades” de datos de localización de migrantes mediante teléfonos celulares sin orden judicial, denunció este lunes 18 de julio, la Unión de Libertades Civiles (Aclu).

La documentación obtenida por la Aclu muestra “los intentos del Gobierno estadounidense por lavarse las manos de toda responsabilidad en la adquisición de datos sobre la localización de personas que requerirían una orden judicial”, afirmó Shreya Tewari, funcionaria de esta organización.

La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, el Servicio de control de Inmigración y Aduanas, y otras agencias que dependen del Departamento de Seguridad Nacional han estado recolectando información “extraída a las llamadas de aplicaciones en teléfonos inteligentes”, según Aclu.

Las autoridades de inmigración han recurrido a aplicaciones y celulares para determinar la ubicación de migrantes indocumentados que están a la espera de una audiencia en tribunales de inmigración para determinar si permanecerán en el país o deben ser deportados.

El Gobierno ha usado millones de dólares “para comprar el acceso a la información de localización de teléfonos celulares compilada y vendida por dos vendedores de datos, Venntel y Babel Street”, añadió el grupo.

“El Tribunal Supremo ha dejado en claro que, debido a que nuestro historial de ubicación mediante el teléfono celular revela tanto de la ‘vida privada’, merece toda la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución”, señaló Nathan Freed Wessler, subdirector de la Aclu. Según la entidad, este martes se realizará una audiencia en la cual se examinarán las “redadas digitales” y el acceso del gobierno a la información personal de la población.