El asesinato de la periodista mexicana Lourdes Maldonado el pasado domingo 23 de enero en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, al noroeste, es el tercero de lo que va del año en el país más peligroso para ejercer la profesión. El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa denuncia un “alarmante y creciente clima de violencia”.
La periodista, que fue hallada muerta en su vehículo fuera de su domicilio, estaba inscrita desde 2021 en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Gobierno de Baja California.
Maldonado había solicitado apoyo al presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues temía por su vida dado que mantenía un litigio laboral contra el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla, en funciones hasta octubre de 2021.
“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida”, le había expresado Maldonado al mandatario en 2019 en una de sus conferencias matutinas.
“Se trata de un pleito que tengo hace seis años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco lo regresaron el expediente y, en tres semanas, salió en mi contra absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Lo hago porque se trata de su senador con licencia de delegaciones y su próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla”, manifestó en esa oportunidad.
La periodista acusaba al político y empresario de un despido injustificado por parte de la empresa Primer Sistema de Noticias, de la que Bonilla era propietario.
El jueves 20 de enero, Maldonado y su abogado hicieron pública su victoria en la demanda laboral contra la compañía, en la que informó que la empresa podía ser embargada por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje para asegurar el pago de su adeudo salarial y prestaciones.
El 87% de los asesinatos de periodistas que han sido perpetrados desde 2006 en todo el mundo, han quedado sin poderse resolver. Un enorme índice de impunidad que alienta a los asesinos, señala la UNESCO.
Ante el trágico desenlace el Secretario General del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) de México, Rogaciano Méndez, dijo a Sputnik que “solo en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados al menos cincuenta periodistas”.
Y agregó que, “en menos de dos semanas, tres periodistas han sido víctimas de manos criminales. De estos asesinatos, no hay detenidos, fehacientemente comprobables que tengan responsabilidad, que sean los autores materiales y menos, los autores intelectuales”.
José Luis Gamboa fue asesinado en Veracruz el pasado 10 de enero, y siete días después, el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, en Tijuana.
En 2021 el SNRP denunció y exigió el esclarecimiento de ocho asesinatos y de 11 en 2020.
De acuerdo al líder sindical, la situación de violencia no solo la viven los periodistas, sino la ciudadanía en general, que además debe soportar la impunidad de la justicia.
Actualmente el sistema de Justicia de México tiene más del 94,8% de sus casos sin resolver, un porcentaje que aumenta desde 2019, según constató México Evalúa.
“Un gobierno que ofreció acabar con los crímenes y resolver el estado alarmante y creciente cada día de asesinatos, no ha cumplido (...) no ha tenido pues un avance, al contrario,(..) las cifras de crímenes contra los diferentes sectores de la población van en aumento”, sostuvo Méndez.
“Ahora es muy pronto para poder hacer juicios de valor sobre si la implicación de esa demanda laboral ha sido parte o es parte de su lamentable muerte”, dijo el líder sindical, que agregó que desde el gremio demandan “el esclarecimiento de los asesinatos a periodistas, el castigo de los autores materiales e intelectuales de los mismos y que no haya más impunidad en este país”.