El bufete panameño, Alcogal, es de nuevo protagonista en una investigación periodística internacional en la que es tildado de “un imán para los ricos y poderosos que buscan ocultar riqueza en el extranjero”, entre ellos tres expresidentes de Panamá, el actual mandatario de Ecuador y el rey de Jordania.
De Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) proceden “más de dos millones” del total de 11,9 millones registros confidenciales de bufetes de abogados y proveedores de servicios extraterritoriales acopiados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en el informe los Papeles de Pandora, difundido este domingo 3 de octubre.
Un análisis de ICIJ de los registros de los papeles de Pandora encontró que, a raíz de las revelaciones en 2016 de los papeles de Panamá, la filtración de millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, ya extinto, “al menos 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal”.
El consorcio periodístico indicó que “Alcogal también ha servido a figuras involucradas en algunos de los escándalos de corrupción más notorios en la historia reciente de América Latina, incluida la operación global de soborno del gigante brasileño de la construcción Odebrecht SA (ahora conocida como Novonor), el escándalo de corrupción del fútbol internacional conocido como Fifagate y el presunto saqueo de los bienes públicos venezolanos”.
Alemán, Cordero, Galindo y Lee fue establecida en 1985. Es una firma de abogados comprometida con el cumplimiento de las regulaciones para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, dice su página web.
Tiene como socios a Jaime Alemán, Eloy Alfaro B., Raúl Borrella, Jaime Castillo, Carlos Cordero, Aníbal Galindo, Arturo Gerbaud, Eduardo Gómez, Alejandro Ferrer ―ex canciller panameño con el actual gobierno―, Jorge Federico Lee, Lorenzo Enríquez y Raúl Zúñiga B., como aparece en su página de internet.
Según la corporación de periodistas, los Papeles de Pandora revelan información “sobre más de 14.000 entidades” extraterritoriales “en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creados por Alcogal en nombre de más de 15.000 clientes, en su mayoría desde 1996″.
“En total, casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen” en los papeles de Pandora “estaban vinculados a Alcogal”, que “actuó como intermediario corporativo para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según muestran los registros”.
Entre los clientes latinoamericanos están tres ex presidentes panameños, entre ellos Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), quien aparece como director de tres compañías extraterritoriales, y también asociado a otra sociedad en las Islas Vírgenes señalada en un caso de sobornos en Panamá, según el ICIJ.
El ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), de acuerdo con la investigación internacional, aparece como accionista y agente registrado de varias compañías extraterritoriales en las Islas Vírgenes Británicas.
Martinelli también está vinculado a dos sociedades que, según las delaciones de ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, se usaron para pagar supuestos sobornos a dos hijos del exmandatario a cambio de contratos públicos.
Los registros de Alcogal muestran que en 2000 y 2001 registró dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas propiedad de Juan Carlos Varela, quien gobernó Panamá entre 2014 y 2019, su hermano, su padre y otros asociados.
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Martinelli y Varela son una de las 50 personas que la Fiscalía ha pedido llamar a juicio por el caso de Odebrecht, que admitió ante la Justicia local haber pagado millones de dólares en sobornos en el país y se comprometió a pagar una multa de 220 millones de dólares.
En 2006, la firma de abogados registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas S.A. Al año siguiente, todas menos una de las 10.000 acciones fueron transferidas a Nasry Juan ‘Tito’ Asfura, según muestran los registros.
Asfura, entonces comisionado de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones nacionales hondureñas del próximo mes, indicó el ICIJ.