SOS Colombia: violaciones de derechos humanos recrudecen ante los ojos del mundo

“A mí el virus no me importa nada, a uno lo que le importa es que no lo mate la Policía”, expresa con indignación Andrés Restrepo, estudiante que se ha movilizado desde el 28 de abril, día en el que inició el Paro Nacional en Colombia. Como él, miles de personas continúan firmes en la exigencia de una vida digna y menos desigual.

Sin embargo, sus pedidos han sido respondidos con lacrimógenas lanzadas directo al cuerpo, con perdigones en los ojos, con abusos sexuales, con torturas mientras estaban detenidos arbitrariamente, con desapariciones forzadas, entre otras vulneraciones de derechos humanos. La Policía, que debería proteger a la ciudadanía, es la principal sospechosa de ser la misma que los agrede e incluso asesina.

Solo el 28 de mayo, fecha en la que se cumplió un mes del Paro Nacional, se registraron 14 asesinatos y 98 personas heridas en Cali, epicentro de la violencia policial, según la ONU. Organizaciones de derechos humanos sospechan que la cifra puede ser mayor.

Sebastián Lanz, codirector de la ONG Temblores, que ha recabado información acerca de estos agravios, muestra su preocupación debido a que el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) “está disparando contra el pecho y la cabeza de los manifestantes, sin respetar los protocolos de disparo parabólico y de metraje. Hemos identificado también la utilización de armas de fuego en las protestas sociales”.

Esta ONG registró hasta el 28M 3.405 casos de violencia policial y 43 homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza Pública. Las cifras han variado debido a las masacres ocurrida en distintas partes del país, principalmente en Cali, la noche del pasado viernes, pero aún se encuentran en proceso de verificación.

Colombia en alerta roja

La brutalidad policial se ha expresado en todas las marchas y cada vez recrudecen más las violaciones de derechos humanos. En el río Cauca se encontraron cadáveres con signos de tortura, algunos desmembrados; en el parque Kennedy de Bogotá apareció una cabeza humana en un tacho de basura cerca a un colegio. Asimismo, se reportaron casos de agresiones sexuales, desapariciones forzadas, ataques a grupos de derechos humanos y a periodistas independientes. Todo ello aún es materia de investigación.

Estefanía Cañas, docente que también ha participado de las protestas, cuenta a La República que la gente tiene miedo de encontrarse con la Policía y peor si son miembros del ESMAD debido a la represión de la que han sido testigos.

“Uno no quiere nunca cruzarse con un policía, con un militar, con nadie, porque es una escena de terror. Si tú vas solo, a cualquier hora del día, en cualquier lugar, no te quieres encontrar un policía, un militar, porque no sabes qué te puede pasar, porque hay demasiada gente desaparecida, hay muchos asesinatos”.

Por su parte, Andrés relata que la situación preocupa no solo por la integridad propia, sino por la de los demás manifestantes. “Este proceso de movilización lo he vivido en carne propia. No encontrar amigos en días, se siente una penumbra del hijo de madre, tú no sabes qué es lo que se siente estar llamando a todo el mundo, que dónde está, que quién falta, que a quién mataron”.

Los manifestantes, el nuevo enemigo interno

Uno de los más graves problemas a los que se han enfrentado históricamente los colombianos que salen a protestar es que se les etiquete como “vándalos”, “vagos” o “criminales”. El Paro Nacional no ha sido la excepción.

Acerca de ello, Carolina Cepeda Másmela, doctora en Ciencia Política y especialista en movimientos sociales, destaca que existe una lógica para tratar a las manifestaciones como si estas fueran un campo de batalla: “Hay una criminalización tácita de la protesta social y se entiende que toda manifestación social es una manifestación de delincuentes. Yo creo que en nuestros países sigue imperando todavía la lógica de la guerra fría. Entonces, se asocia cualquier tipo de manifestación al enemigo interno que se construyó durante la guerra fría y se justifica por esa vía todo el abuso de la fuerza por parte de las autoridades”.

En esa misma línea, ya en un ámbito más nacional, Daniela Jara Marlés, magíster en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos, explica que la violencia policial tiene raíces en el conflicto armado interno por el que pasó Colombia y que el discurso que se da viene también de altos cargos como el presidente ultraderechista Iván Duque y su vicepresidenta/canciller Marta Lucía Ramírez.

“Este fin de semana, la vicepresidenta hizo una columna de opinión diciendo que se está cumpliendo lo que ella dijo, que si se hacía ese acuerdo de paz con las FARC entonces ahora nos las íbamos a pasar de paro en paro y de marcha en marcha. Obviamente eso iba a pasar, pues habiendo quitado ese foco de que todos los problemas en Colombia eran la guerrilla… aquí hay veinte mil problemas más, que es lo que en este momento están reclamando en las manifestaciones: garantías para una vida digna, para no vivir en miseria. Entonces, como ya no tienen ese foco de las FARC, de ese enemigo interno, ¿ahora quién es ese enemigo interno?: los manifestantes”.

Jhomary Ortegón Osorio, abogada defensora de DD. HH., denuncia que las autoridades no han actuado con celeridad e incluso existe un discurso estigmatizador por parte de ellos, como mencionaba Jara.

“Hemos advertido y denunciado un criterio descalificante por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, quienes han asumido un discurso que se suma a la narrativa descalificante de las protestas, asumiendo expresiones como el señalarlas como acciones vandálicas, desórdenes públicos y también se ha asociado a los manifestantes a actividades ilícitas como el narcotráfico y actuaciones de las guerrillas”, revela.

La gravedad de ello, según Ortegón, es que en consecuencia a ese discurso recalcitrante se toma más relevancia a las acciones contra bienes públicos o privados y se desacreditan las denuncias de violaciones de derechos fundamentales como la vida, la integridad y la libertad personal.

Cepeda concuerda y sostiene que muchos ignoran que la Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la protesta social en su artículo 37, y que bajo ningún motivo se justifica el accionar de la Policía.

“Hay un desconocimiento profundo de que la protesta social es un hecho de participación política; no solamente ir a votar es una forma de participación política. También hay un desconocimiento de los derechos que tienen los manifestantes, de los acuerdos que tienen nuestros Estados en materia de derechos humanos”.

Añade que por ello es fundamental detener el accionar de la Policía, apoyada por el presidente Iván Duque, ya que “no es equivalente lo que uno pueda ver en términos de saqueos, en términos de romper vidrios, de dañar un bus… Nada de esto justifica el uso de la fuerza que estamos viendo por parte de la Policía frente a los manifestantes. Disparar contra civiles desarmados no se justifica bajo ninguna lógica”.

La sombra de Uribe, el papel de Iván Duque y una democracia que tambalea

Daniela Jara destaca que hay dos puntos principales que explican por qué existe esa brutalidad policial que muchas veces queda impune. La primera es que la Policía, al ser parte del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior, tiene una formación militarizada al igual que el Ejército y responde a las protestas como si fueran una guerra.

Además, no son juzgados como cualquier ciudadano, sino que cuentan con un fuero penal militar. “¿Y eso qué es? Eso es que mi alto mando me juzga a mí, no hay alguien externo que me vaya a juzgar. ¿Qué imparcialidad hay en ese juicio?”, cuestiona Jara.

El segundo punto importante que señala es que la Policía responde a las órdenes del presidente Iván Duque, continuismo del uribismo y el lema “mano dura”. “El origen partidario del que viene no tiene un enfoque de DD. HH., no le interesa dialogar, sino simplemente que acaben con esto (el paro) sin importar cómo sea”, explica la magíster en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos.

Cabe resaltar que desde el inicio de la protesta, el mentor y líder político de Duque, Álvaro Uribe, incitaba a que las medidas en contra de los manifestantes fueran más duras, deslegitimaba las demandas del Paro Nacional, criminalizaba a quienes marchaban y felicitaba la tan cuestionada labor de las fuerzas del orden.

No es de sorprenderse, ya que el expresidente ultraderechista es investigado por los “falsos positivos”, como se conocen en Colombia a la matanza de civiles por parte de la Fuerza Pública en el contexto del conflicto armado. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, entre el 2002 y 2008 —Gobierno de Uribe— se presentó la cifra más alta del conflicto: hubo más de 6.400 víctimas que los militares quisieron hacer pasar como guerrilleros de las FARC o miembros de bandas criminales caídos en combate.

Por ello, la bandera del estudiante Andrés Restrepo es “Uribe dio la orden”. Él explica que lo dice por la manera en la que el implicado en delitos de lesa humanidad destila en sus redes sociales mensajes de odio hacia sus adversarios, que en este caso es todo aquel que protesta.

En concordancia con lo que se esperaba, el 28 de mayo, Ivan Duque anunció la militarización en Cali para “controlar violencia”.

Los manifestantes llaman al presidente como dictador debido a la libertad que da para que se sigan cometiendo violaciones de derechos humanos. Además, lo dicen porque cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso; y porque los organismos de control como el Ministerio Público, la Defensoría y la Procuraduría son regidos por personas que hicieron campaña a favor de él o incluso formaron parte de un ministerio.

“No hay un control efectivo, no hay instituciones en las que se pueda confiar en este momento porque todo pareciera estar alineado con el Gobierno. Es muy difícil que haya un contrabalance, que haya un contrapeso por parte de otras instituciones”, confiesa la politóloga Carolina Cepeda. Sin embargo, sostiene que llamarlo dictador son palabras mayores, ya que en teoría, se siguen ciertas reglas democráticas.

Desde las calles es otro el clamor. “Se supone que Colombia es un país democrático, pero ¿qué es la democracia en este país?”, cuestiona Estefanía, estudiante de postgrado de la Universidad de Antioquia.

Por su parte, Marie-Christine Doran, doctora en Ciencia Política y especialista en violencia en contextos democráticos, es enfática y afirma que “hoy en día, el Gobierno de Colombia se defiende diciendo que está protegiendo la democracia. Pero hay que explicar que esto no es democracia”.

Añade que “en Colombia, por mucho tiempo, durante el conflicto armado, se hablaba de un genocidio político, un genocidio contra la oposición. Creo que hoy esa figura sigue vigente. La oposición está en la calle, la gente está tratando de hacer llegar demandas legítimas, normales para la sociedad democrática. Y la respuesta de eso, lamentablemente la podemos calificar de genocida, de militarización”.

Por lo pronto, la situación no ve un horizonte favorable. Las especialistas coinciden en que, en este contexto, la represión no aleja a la gente de las calles, sino que le da más razones para seguir, acompañarse y luchar por los cambios que anhelan. Al menos, este 30 de mayo, organizaciones de derechos humanos lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegue al país del 7 al 11 de junio para realizar una veeduría, pese a la negativa inicial del Gobierno.

Luego de expresar la preocupación e indignación que sienten quienes se mantienen firmes en el Paro Nacional, Estefanía Cañas finaliza con una cita de la Divina Comedia: “El más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral”.

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