Treinta pesos de alza en los pasajes del metro de Santiago: así comenzó lo que se conocería como el más grande estallido social en Chile. En octubre de 2019, esta medida, aparentemente mínima, significó para los chilenos una muestra más de injusticia por parte del Gobierno de Sebastián Piñera.
Un movimiento liderado por estudiantes universitarios y de secundaria salió a las calles para rechazar el alza. Pero la fuerte represión policial y militar, las violaciones de derechos cometidos durante las protestas y otros sucesos vinculados dieron cuenta de la enorme crisis social en la que estaba sumida el país.
Tras un mes de exigencias, con 36 personas asesinadas a causa de las acciones de carabineros y militares, los chilenos lograron que se convoque un plebiscito con miras a la creación de una nueva Carta Magna, más justa y democrática. Un año después, los resultados del referendo fueron aplastantes a favor de la nueva Constitución. Ahora Chile se prepara para redactar una nueva historia.
El analista internacional Carlos Figueroa opina que lo ocurrido en Chile deja un aprendizaje importante: “que la movilización ciudadana es fundamental para lograr objetivos enfocados en una mayor democracia”.
Perú, si bien se encuentra en un contexto diferente, lo ha tenido en cuenta en su reciente “despertar”. Hace una semana, el país se encuentra colmado de manifestaciones generadas a raíz de la implementación de un Gobierno de facto, el de Manuel Merino de Lama. El descontento social en nuestra nación lleva años, sin embargo, la indignación ciudadana se ha agudizado más tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. No necesariamente por su salida, sino por la forma en cómo se ha procedido.
“Las marchas en Perú están muy ligadas a la corrupción, al hartazgo de la clase política que tiene y las décadas de acumulación de esto. El pueblo quiere más democracia, no corrupción”, señala Figueroa
Por su parte, el politólogo Alonso Cárdenas refiere que la vacancia ha sido solo un elemento que hizo estallar una serie de problemas que se venían arrastrando desde hace mucho.
“Tras la vacancia la percepción de siempre de que existe corrupción es mayor porque ahora están en el poder personas que no han ganado ninguna elección”, considera. “Pero ya había un deterioro de la institucionalidad y se ha agudizado ahora. La pandemia también ha acelerado los procesos y desnudó las enormes carencias a nivel sanitario, laboral y de acceso a los derechos ciudadanos”, agrega.
En su sexto día de protestas, Perú consiguió la renuncia de Merino de Lama. Sin embargo, la violenta represión policial ha provocado la muerte de al menos dos civiles, lo que ha generado un mayor malestar.
Para ambos especialistas, las protestas en Perú y en Chile son hechos aislados (sin influencia el uno con el otro). No obstante, es cierto que en la región se han presenciado más movilizaciones los últimos años.
Cárdenas señala que esto demuestra que Latinoamérica es la región con más desigualdad en el mundo. “Los Estados básicamente siguen solo a un caudillo y los problemas públicos no ser resuelven desde hace mucho. Existe todavía corrupción, inseguridad, falta de vivienda y saluda precaria”, dice.
En tanto, Figueroa concluye que hay una crisis generalizada de la democracia. Desde 2011, menciona, los países de Latinoamérica han iniciado protestas, unas más fuertes que otras. Todas ellas han tenido diferentes reclamos, pero convergen en una misma necesidad: mayor participación ciudadana en los procesos políticos.
“Hablamos de una sociedad que está despertando, que cree que a la tradicional democracia representativa se le debe añadir una democracia más directa o participativa”, resalta el analista.