El jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por casi 60 países, se pronunció este miércoles 23 de setiembre ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para tratar la crisis de su país.
Decenas de naciones escucharon el mensaje grabado transmitido en paralelo a las sesiones de la ONU. Minutos antes se había pronunciado ante la 75° Asamblea General el cuestionado mandatario venezolano Nicolás Maduro.
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“Hoy les pido a todos los representantes de Estados miembros que asuman la responsabilidad de asistir al Gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática”, afirmó Guaidó.
Sin ofrecer mayores detalles sobre su llamado, sentenció: “Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”.
Resaltó el apoyo foráneo para formar una “diplomacia preventiva” en los últimos dos años, pero reiteró que se ha "llegado casi al final de la escalada que trazan los pilares de la responsabilidad para proteger sobre mecanismos pacíficos y diplomáticos”.
El pedido de Guaidó ante la ONU se conoce como Responsabilidad de Proteger (R2P), un principio basado en tres pilares: el compromiso de cada Estado de auxiliar a sus poblaciones, la competencia de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus ciudadanos y el deber de la comunidad internacional de defender a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no puede hacerlo.
Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, explicó que la implementación del principio de protección R2P puede darse en cualquiera de sus tres pilares.
En el caso del tercero —que la oposición buscaría aplicar en Venezuela— es “para asegurar que un Estado cumpla con su responsabilidad o hasta poder abrir la puerta para que la comunidad internacional tome las medidas que considera necesarias para resguardar a la población de violaciones masivas de los derechos humanos”, dijo.
En su alocución Guaidó recordó la Misión Internacional de la ONU que responsabilizó a Maduro por crímenes de lesa humanidad. “Quedará en sus manos considerar proceder junto a sus gobiernos para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra la población civil de Venezuela”, emplazó.
“Yo, como representante legítimo del Estado venezolano, tengo la responsabilidad de proteger a los venezolanos, pero la organización criminal que lidera Nicolás Maduro ostenta de facto el control efectivo sobre el territorio nacional, a través del uso ilegítimo de la fuerza”, recalcó.
Desde hace años sobrevuela en Venezuela la opción de una intervención militar, liderada por Estados Unidos (EE. UU.). Entre las facciones de la oposición, el ala más radical la defiende como la única medida que puede propiciar la salida de Maduro del poder.
Como Guaidó, el grueso de la oposición y parte de la comunidad internacional califica a Maduro como un jefe de Estado ilegítimo, no se ha descartado ninguna opción. Ahora ante el exhorto a los países de que apliquen el R2P, se puede pensar en un preámbulo a una acción bélica.
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Sin embargo, Serbin Pont lo descartó. En la Cumbre Mundial de 2005 los líderes mundiales acordaron en los párrafos 138 y 139 del documento final que para adoptar la Responsabilidad de Proteger se necesita la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.
Únicamente en ese caso se permitiría que actúe una coalición internacional y como dos de los grandes aliados de Maduro (China y Rusia) son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se sobreentiende que lo vetarían.
“La acción militar más que una resolución requiere de una decisión política”, apuntó el analista internacional. “La resolución puede contribuir a la legitimidad de una acción armada, pero la realidad es que solo EE. UU. está en condiciones de intervenir y es una decisión de ese país si interviene o no”.