Portugal se alista para re-nacionalizar aerolínea tras no llegar a acuerdo en favor de la ciudadanía

Portugal anunció que apostará por una intervención de la aerolínea bandera del país, TAP Air Portugal, si los accionistas privados de la compañía insisten en no aceptar el plan de rescate financiero con fondos públicos de 1.200 millones de euros.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa aseguró que “lo importante es que TAP sirva a Portugal y a los portugueses”, en un momento que todas las aerolíneas se encuentran en una situación “dramática”.

“Para mí, lo que importa es lo siguiente: que, en este momento, se encuentre la mejor solución posible para que sigamos teniendo un TAP portugués”, precisó el mandatario este martes ante la prensa sobre posible nacionalización de la empresa.

Por su parte, el ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos, aseguró que el Gobierno socialista de ese país realizará “una intervención más decidida si el sector privado continúa sin aceptar”.

Según apunta el medio local ‘Expresso’, el Gobierno luso presentará un decreto para nacionalizar la aerolínea TAP, después de que el Estado, poseedor del 50% de TAP, y Atlantic Gateway, un consorcio privado propiedad de David Neeleman con un 45%, no lograsen aún llegar a un acuerdo sobre un rescate público con la millonaria cifra.

Precisamente, el pasado 10 de junio la Comisión Europea autorizó al Gobierno portugués a ayudar con 1.200 millones de euros a la aerolínea Transportes Aéreos Portugueses (TAP), con el objetivo de cubrir sus necesidades inmediatas de liquidez tras sufrir el parón por las medidas contra la propagación del coronavirus.

Y es que, hasta que el magnate David Neeleman y el consorcio luso-brasileño Atlantic Gateway entrara en el accionariado de TAP, la empresa era la única europea 100% pública que surcaba los cielos.

Sin embargo, 354 millones de euros y la asociación con Humberto Pedrosa hicieron que la aerolínea bandera de Portugal se “adaptara” a los nuevos tiempos colocándose en manos privadas (no todo el capital, sino el 45%, pues el 50% ha continuado siendo propiedad del Estado luso y el restante 5% está en manos de los propios trabajadores).