El 5 de julio la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un informe sobre Venezuela en el que instaba al régimen de Nicolás Maduro a adoptar medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos en el país.
Se trató de un informe que cayó mal en el seno del chavismo, no solo por lo rotundo de sus afirmaciones documentadas in situ, sino por la tendencia izquierdista de la exmandataria de Chile (2006-2010 y 2014-2018) y la afabilidad que mantuvo en su momento con el expresidente venezolano Hugo Chávez.
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El 9 de septiembre Bachelet lo actualizó durante la 42° sesión del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, como parte de su compromiso de “seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe”.
“¿Por qué miente señora Michelle Bachelet sobre Venezuela?”, respondió Maduro. “Usted vino aquí y se le dijo toda la verdad, las cifras oficiales, ¿por qué sigue mintiendo?, ¿a qué responde usted?”.
A grosso modo el informe denuncia la violación constante de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales de los venezolanos, en base a 558 entrevistas con víctimas y testigos. La propia ex jefa de Estado visitó el país del 19 al 21 de junio y se reunió con Maduro y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó.
De acuerdo a Bachelet el régimen chavista “se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas —entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia— y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión”.
En conversación con La República el coordinador de investigación de Provea (acrónimo de Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), Marino Alvarado, indicó que es “temprano” para ver resultados y tampoco tienen “expectativas” de que los haya durante la actual gestión.
"No hay voluntad política para mejorar los derechos humanos, disminuir la arbitrariedad y autoritarismo, ni perspectiva de que mejore la situación económica porque se mantiene la política que ha llevado a la destrucción de la economía", subrayó.
Incluso Alvarado afirmó que el líder chavista “desafió” a la alta comisionada de Naciones Unidas en cuanto a una de sus recomendaciones más enfáticas: disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando de élite de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.
En vez de acatar la sugerencia, "Maduro alentó a las FAES a seguir actuando, fortaleciéndose". Y según Provea, una organización no gubernamental de larga data en la nación caribeña, este "escuadrón de la muerte sigue imponiendo terror en las zonas populares".
Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), coincidió en el planteamiento: “No creo que el Gobierno de Maduro cambie diametralmente sus actividades en derechos humanos producto del informe”.
“Esperamos continúe el escrutinio de la oficina de Bachelet sobre Venezuela y no dudamos de ello, sin embargo, advertimos que no vemos intención real de cambio de parte de quienes controlan las instituciones del Estado hoy en día”, exclamó Trujillo en comunicación con La República.
En opinión de Alvarado la publicación fue valiosa por el impacto que generó a nivel internacional, dado que “puso a reflexionar a algunos exponentes del progresismo por lo contundente” de los datos arrojados.
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Apuntó además que contribuyó para “mostrar ante el mundo la gravedad de los derechos humanos en Venezuela”; un país sumido en una severa crisis que provocó una diáspora inédita de millones de ciudadanos.
Y de esa manera, acotó Alvarado, legitimó las denuncias que varias organizaciones realizan desde hace varios años, incluido durante el mandato de Chávez (1999-2013), lo cual fortalece el trabajo de documentación.
“Hasta ahora el cumplimiento de las recomendaciones del informe ha sido parcial”, comentó Trujillo, quien señaló que es relevante la presencia permanente de la oficina de Bachelet en Venezuela.
El experto acotó que actualmente hay dos oficiales que recaban testimonios en suelo venezolano y a pesar del acceso fragmentado a instituciones del Estado, mantienen diálogo con la sociedad civil organizada.
Alvarado también consideró provechoso que ambos funcionarios permanezcan en Venezuela y celebró que Maduro haya “empezado a coquetear con algunas relatorías de Naciones Unidas” para que puedan visitar la nación bolivariana en 2020, como aconsejó Bachelet.
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Sumado a esto, resaltó que después de años en que el chavismo ocultó índices oficiales de salud, seguridad o pobreza, recientemente ha optado por cambiar esta tónica. Aunque matizó que “casi todas las cifras son muy manipuladas”.
“Que haya comenzado a publicar cifras tiene que ver con los fuertes cuestionamientos que se le han hecho ya que en el mismo informe, Bachelet publica cifras, y la única forma de contrarrestarlas oficialmente es que el Gobierno empiece a publicar cifras”, dijo.
La República trató de comunicarse con el Ministerio para la Comunicación e Información y con el Ministerio Público de Venezuela pero no obtuvo respuesta.