
En México, la funcionaria del Ayuntamiento de Guadalajara, Naomi Sofía Figueroa, fue destituida tras confirmar su implicación en un caso de sacrificio animal vinculado con prácticas de santería. La mujer confesó a través de una transmisión en vivo que decapitó a un perro durante un ritual santero, lo que generó una fuerte reacción por parte de las autoridades y de la sociedad civil.
Tras hacerse pública la declaración, la autoridad municipal tomó medidas inmediatas y procedió a cesar a la funcionaria involucrada. Este caso pone sobre la mesa nuevamente la polémica en torno a los rituales religiosos en México y su relación con el bienestar animal, especialmente en el contexto de la santería en Guadalajara y las prácticas tradicionales que incluyen sacrificios.
“Yo, por ejemplo, tuve que hacer un sacrificio, muy grande, porque le cortaron (realizó un gesto con la mano) a un perro...para que me quitaran a mis enemigos del camino, así que todos caen”, dijo Naomi Sofía a través de su cuenta en TikTok. Esto suscitó indignación en redes sociales, donde diversos usuarios exigieron a las autoridades estatales y municipales que se investigue el caso y se sancione a la funcionaria conforme a la ley.
Figueroa —quien ocupaba el cargo de colaboradora especializada en la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios— contó que creía en la santería y en los orishas e incluso invitó a sus seguidores a involucrarse también por los "beneficios" que recibía. "Cárcel. ¿Qué otras pruebas quieren?, "si así tienes la mente, imagínate para ser funcionaria pública", "¡métanla a la carcel sin libertad bajo fianza!", son algunos de las críticas hacia la cruel funcionaria.
La santería incorpora supuestas formas de invocar protección espiritual que generan conflictos legales y éticos por involucrar el maltrato en México. El Código Penal del estado de Jalisco establece que quien incurra en actos de maltrato o crueldad contra animales puede enfrentar penas de tres a cinco años de prisión y una multa que puede alcanzar los 113 mil pesos, si dichos actos derivan en daños graves o la muerte del animal.
El caso de la funcionaria ha provocado que las autoridades municipales refuercen sus protocolos ante denuncias de maltrato vinculado a prácticas religiosas. Cabe reslatar que el Código Penal del estado de Jalisco establece que quien incurra en actos de maltrato o crueldad contra animales puede enfrentar penas de tres a cinco años de prisión y una multa que puede alcanzar los 113 mil pesos, si dichos actos derivan en daños graves o la muerte del animal.

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