Minería ilegal en el Perú: ¿qué dicen lo planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

La minería ilegal ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una crisis cada vez más difícil de revertir. En 2025 las exportaciones de oro ilegal superaron los US$11.500 millones, una cifra 6,5 veces mayor que la de hace una década y 55% superior a la de 2024.

El avance se refleja con igual intensidad en el sistema penal y financiero. Las denuncias registradas en el Ministerio Público se duplicaron entre 2021 y 2025, pasando de 1.266 a 2.601 a nivel nacional. El incremento fue especialmente pronunciado en las regiones con mayor presencia de esta actividad: La Libertad pasó de 146 a 419 denuncias, Cajamarca de 33 a 260 y Madre de Dios de 245 a 427.

PUEDES VER: Fonavi, devolución: más de 66.000 exaportantes cobrarán desde el 14 de mayo el Reintegro 5

En paralelo, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a minería ilegal, presentados ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, alcanzaron los US$6.036 millones en 2025, más de cuatro veces el valor registrado en 2024 (US$1.407 millones). En una perspectiva más amplia, entre 2016 y 2025 este monto se multiplicó por ocho, frente a un incremento de apenas tres veces en los ROS asociados a otros delitos.

Minería ilegal: ¿cuáles son los factores que no permiten al Estado enfrentarla?

Dos factores explican buena parte de esta expansión. El primero es el precio del oro, que superó los US$4.500 por onza en 2025, lo que hizo la actividad ilegal altamente rentable. El segundo es la debilidad del Estado para controlar territorios donde distintas economías ilegales conviven y se refuerzan mutuamente. En zonas como Pataz o Tambopata, la minería ilegal y el narcotráfico no solo coexisten, sino que se superponen.

Las consecuencias van más allá del daño ambiental y fiscal. El avance ha comprometido inversiones formales por más de US$12.000 millones, incluidos proyectos como Conga y Michiquillay en Cajamarca, y Los Chancas y Haquira en Apurímac.

La señal para los inversores es clara y negativa: el Perú ha perdido competitividad. Según el Instituto Fraser, el país pasó de superar al 83% de las jurisdicciones evaluadas en 2018 a solo el 40% en 2025, pese a contar con precios de metales históricamente altos.

PUEDES VER: CTS 2026: quiénes reciben el pago, cómo calcularlo y hasta cuándo se podrá retirar

¿Qué proponen los partidos con mayor opción de pasar a segunda vuelta?

Frente a este escenario, el Instituto Peruano de Economía (IPE) analizó las propuestas de los partidos con mayor opción de pasar a segunda vuelta —Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP)— en siete ejes prioritarios: formalización, trazabilidad, fiscalización, desarrollo alternativo, coordinación interinstitucional, cooperación transfronteriza y presencia del Estado. FP presenta propuestas alineadas en seis ejes y JPP en dos.

Ninguno de los dos partidos propone eliminar el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) ni establecer plazos improrrogables, a pesar de que, en más de una década, solo el 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse. Asimismo, las dos bancadas votaron a favor de su quinta prórroga consecutiva en diciembre de 2025.

JPP, por su parte, propone basar la formalización en cooperativas y 'parques mineros' bajo tutela estatal, replicando un modelo muy cuestionado. En Bolivia, las cooperativas habrían producido el 99% del oro registrado en 2017, pero solo explicaron el 0,6% del valor exportado, lo que, según la Fundación Milenio, evidenciaría su uso como mecanismo de blanqueo.

PUEDES VER: Pobreza en Perú: por qué el crecimiento económico no logra reducir las brechas en las regiones más golpeadas

En trazabilidad, JPP propone una intervención estatal directa en la comercialización del oro; incluso, plantea la exclusividad estatal en ese proceso. Sin un sistema de trazabilidad robusto previo, estas medidas no controlarían el flujo ilegal: lo legitimarían.

Otro punto de coincidencia entre los dos partidos es la reducción de plazos en concesiones mineras: JPP propone recortar el plazo de caducidad de 30 a cinco años; FP exige plazos obligatorios de exploración. A esto se añade la propuesta de JPP de aumentar regalías y revisar contratos de estabilidad, pese a que el Perú ya registra una carga fiscal minera superior a la de Chile y Australia, según el FMI.