Kurt Burneo: “Los congresistas buscaron congraciarse con sus electores aprobando gastos sin financiamiento”

— El paquete de leyes que el Ejecutivo busca derogar ante el TC fue respaldado en su momento por bancadas mayoritarias como Fuerza Popular desde el Congreso. Sin embargo, hoy el propio gobierno tilda estas normas de irresponsables. ¿Cómo analiza esta contradicción y la actuación del Parlamento al impulsar estas normas? 

(...) Yo lo veo en el sentido de que los congresistas estaban muy preocupados por tratar de congraciarse con sus electores, aprobando gastos sin financiamiento y no les importó aprobar leyes que claramente vienen en contra de la Constitución, en el sentido de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Desafortunadamente, el Tribunal Constitucional validó esto en su momento.

Diría que hay una responsabilidad compartida, tanto a nivel del Congreso pasado como del Tribunal Constitucional. Había cuentas totalmente claras de que se estaba transgrediendo la Constitución al aprobarse iniciativas de gasto. Lo responsable de lo que está haciendo el MEF es plantear la inconstitucionalidad de las leyes que implican un aumento de gasto público sin decir cómo se iban a financiar. Es la antielección de la política fiscal: uno no puede aprobar gastos sin tener una fuente de ingresos.

Además, no solo se aprobaron gastos sin financiamiento, sino que en aquellos donde había financiamiento, se pretendía usar ingresos temporales para cubrir gastos permanentes, como el aumento del impuesto a la renta por el alza del precio de los metales. Pensar que los altos precios de los metales son para siempre e intentar financiar gastos permanentes con ingresos temporales es definitivamente irresponsable.

— Ante esta irresponsabilidad en la aprobación de leyes populistas sin financiamiento, ¿por qué los anteriores gabinetes ejecutivos no actuaron a tiempo para frenar este desbalance fiscal? 

La responsabilidad no solamente viene del Congreso anterior [...], sino también del anterior Poder Ejecutivo. Cuando se aprobaron estas leyes abiertamente inconstitucionales, no se planteó en su momento las acciones correspondientes. Al no hacerlo, al tener una inactividad absolutamente marcada, esa pasividad es parte del problema.[...] Se tiene que mostrar señales de que efectivamente hay un problema con leyes que fueron aprobadas por el Congreso y que son claramente inconstitucionales.

— Si el TC termina anulando estas leyes impulsadas por el propio Parlamento, ¿cómo impactará esto en la legitimidad del Gobierno frente a gremios como los docentes, los policías o el personal CAS? 

El problema que veo es que no hay muchas opciones. Se aprobó un aumento de gasto permanente y el aumento de ingresos que debería financiar este nuevo gasto debería tener la misma condición de permanencia, pero eso no es lo que sucede. Hay un elemento adicional: se necesita que el Gobierno tenga credibilidad, y la credibilidad en la parte económica va de la mano con la actitud de tomar acciones para corregir un error lamentablemente vivido.

— De cara a la formulación del Presupuesto Público, ¿qué salidas técnicas y legales le quedan al gobierno frente a este paquete de medidas impulsado por el Congreso?

El Poder Ejecutivo tiene que presentar los proyectos de ley de equilibrio presupuestal y endeudamiento, junto a la actualización del Marco Macroeconómico Multianual. En la formulación del Presupuesto debe haber claridad en cómo enfrentar aquellas soluciones que ya están puestas, teniendo en cuenta que no hay retroactividad.

Todo este problema surge de haber aprobado iniciativas legislativas sin el respaldo correspondiente. Cuando el Ministerio de Economía plantea que la atención de estos gastos, como las gratificaciones CAS, se haga gradualmente, es porque no había otra opción; la presión de gasto al 100% resultaba inmanejable sin inyecciones presupuestales.

Además, ha habido una sentencia del TC donde se rectifica la posición sobre la iniciativa de gasto del Congreso. Sobre la base de ese fallo es que debe sostenerse la procedencia de la declaración de inconstitucionalidad de estas cuatro leyes.

— Desde su experiencia al frente del MEF, ¿cómo explica que el Ministerio de Economía terminara cediendo terreno ante el Congreso en la aprobación de estas medidas sin sustento fiscal? 

Lamentablemente, el MEF se debilitó en los últimos años porque fue avasallado en sus competencias. Cuando fui ministro de Economía fui muy claro en decir que las competencias del MEF no se negocian, porque veía el riesgo de que el Congreso o algunos ministros impusieran acciones sin sustento fiscal. Al debilitarse institucionalmente el ministerio, se produjeron estas iniciativas legislativas inconstitucionales.

— El Consejo Fiscal advierte que la norma de maestros se asemeja a una "cédula viva". Como exministro, ¿considera que esta ley en particular era insostenible para la trayectoria fiscal del país? 

De hecho que sí, no solo en su parte cuantitativa sino cualitativa. Durante la administración del doctor Toledo se eliminó la llamada «cédula viva» porque generaba una presión fiscal insostenible sobre la caja del Estado. Establecer este sistema con la norma de maestros jubilados es una suerte de resucitar la cédula viva. El problema de fondo es la responsabilidad fiscal: no se puede aumentar el gasto si no está financiado, y mucho menos un gasto permanente con una fuente de financiamiento absolutamente temporal, como los precios de los metales. Ese es un conflicto que tiene que ser resuelto.

— En balance, ¿cómo se llegó a este escenario de riesgo fiscal? ¿Siente que la permisividad del Ejecutivo terminó por ceder el control al Congreso en la aprobación de estos gastos?

Esas fueron decisiones del Congreso pasado que implicaban un mayor gasto sin tener la iniciativa de gasto. El problema se profundizó porque el Poder Ejecutivo de aquel entonces no observó adecuadamente estas leyes en su momento, dejando al Congreso con un poder absolutamente desequilibrado y que ha puesto en problemas la situación fiscal del país. [...] No hay ninguna duda de que existe un desequilibrio fiscal a partir de lo que estamos comentando: no solamente se trata de que haya gasto nuevo sin financiamiento, sino de que el gasto es permanente y el financiamiento es absolutamente temporal. Y eso es un desequilibrio que se necesita revertir.