
El sector telecomunicaciones en el Perú marcó esta semana un hito. En una zona sin cobertura móvil en Cieneguilla (Lima), un celular logró enviar un mensaje de WhatsApp usando señal desde un satélite como parte de la implementación del servicio que la chilena Entel desarrolla con Starlink, la red del multimillonario Elon Musk. Así, Perú y Chile se convierten en los primeros países de América Latina en implementar esta conectividad y los quintos a nivel mundial.
La tecnología “D2C” (conectividad directa al celular) permite que los usuarios accedan a aplicaciones como WhatsApp o Google Maps incluso donde no hay señal terrestre, siempre que el equipo esté al aire libre. En diciembre de 2025, el servicio solo permitía enviar SMS vía satélite. Ahora, la industria apunta a una tercera etapa: llamadas de voz, que se implementarían en un año y medio.
Para Nino Boggio, gerente central de Legal de Entel Perú, los nuevos tiempos exigen transformación. “Hemos pasado de ser consumidores de voz a consumidores intensivos de datos”, indica a La República, sobre todo en países como Perú, donde, se suma el reto de la geografía.
Aunque la brecha de conectividad se ha reducido —de unos 6 millones de personas a menos de 3 millones en los últimos años—, lo que queda son zonas más aisladas, con baja densidad poblacional y difícil acceso. Ahí es donde soluciones como la conectividad satelital empiezan a ser relevantes.
Hito. Primera prueba de conectividad satelital vía mensaje de texto (SMS) fue en el Cañón de los Perdidos (Ica) en diciembre de 2025.
El impacto también se visualizará en sectores como minería, transporte o seguridad. Rutas sin señal —como tramos hacia el puerto de Matarani en Arequipa— podrían empezar a tener monitoreo básico en tiempo real. Lo mismo para vigilancia en áreas naturales o conectividad en centros poblados.
Este avance tecnológico está junto a un nuevo ciclo de inversión. La chilena Entel invertirá este año US$ 221 millones en Perú —equivalente a cerca del 34% de su inversión total—monto que “no está afectado por ninguna de las consideraciones políticas”, afirma su CEO Antonio Büchi.
El monto se divide en tres frentes: US$ 178 millones para red móvil, US$ 21 millones para negocio hogar (fibra óptica) y US$ 22 millones para empresas y servicios mayoristas.
RETO. Nino Boggio, gerente de Legal de Entel señala que el “Perú debe fortalecer seguridad jurídica para sostener inversiones”
El objetivo es seguir expandiendo la red móvil —con 4G y 5G en paralelo— y acelerar el negocio de fibra óptica. “Los dos son prioridades”, afirmó Boggio, en referencia al despliegue simultáneo de ambas tecnologías, en un mercado que aún arrastra brechas de cobertura.
A través de su alianza con Win, Entel apunta a ofrecer internet de banda ancha a más de 3,7 millones de hogares y empresas en Lima, Callao y otras ciudades. Incluso, la compañía alista el lanzamiento de su servicio de TV en el país, apoyado en esta infraestructura, entre julio y diciembre, según adelantó el ejecutivo.
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La operación en Perú se ha convertido en uno de los motores del grupo. En 2025, los ingresos de la operación local crecieron 7% y la empresa sumó 562.000 nuevos clientes pospago, captando cerca del 27,5% del crecimiento neto del mercado. Hoy, Perú representa el 33% del EBITDA consolidado del grupo y Entel se posiciona como el segundo operador en participación de ingresos.
Actualmente, cuenta con más de 10 millones de usuarios móviles y una participación de mercado cercana al 23,8%. La meta es superar el 30% en los próximos tres a cuatro años. Sin embargo, el contexto no es del todo favorable. “La rentabilidad en la industria en el mundo entero no pasa por el mejor momento. Estamos frente a cambios tecnológicos acelerados, donde la decisión es inviertes o no inviertes”, afirma Boggio.
La compañía pone el foco en la seguridad jurídica como condición para sostener inversiones de largo plazo. Señala que, si bien el Perú ha mantenido apertura a la inversión extranjera, aún hay espacio para mejorar la predictibilidad regulatoria, sobre todo en un contexto de cambios políticos frecuentes.
“Muchos inversionistas buscan firmar convenios de estabilidad jurídica justamente cuando perciben riesgos de inestabilidad”, advierte. En esa línea, explica que la rotación de autoridades y funcionarios suele retrasar decisiones vinculadas a proyectos e inversiones, lo que termina afectando los tiempos del sector.
“Cuando hay estos cambios políticos, cambian a algunos funcionarios que toman decisiones, y eso lo que hace muchas veces es atrasar decisiones importantes donde hay compromisos de inversión”, afirma.
Aún así, destaca que el país ha logrado crecer apoyado en fundamentos macroeconómicos sólidos —como la autonomía del Banco Central de Reserva—, pero insiste en que reforzar la estabilidad legal es clave para atraer más capital y acelerar el cierre de brechas en infraestructura.
La evolución de la inversión en telecomunicaciones en el Perú muestra que el sector sigue apostando fuerte. En 2025, las operadoras invirtieron más de S/4.500 millones, un monto que equivale a 1,2 veces el promedio anual entre 2020 y 2024 (S/3.600 millones). En otras palabras, el nivel de inversión actual es mayor al de los últimos años, lo que confirma que el sector mantiene activo su ciclo inversor.
despliegue. Junta de accionistas aprobó inversión de US$221 millones de Entel en Perú.
Según muestra Osiptel, las inversiones crecen por “saltos”. Por ejemplo, en 2016 se registró un pico superior a los S/7.200 millones, explicado en gran parte por la asignación de espectro (frecuencias que permiten que funcionen las redes móviles). Algo similar ocurrió en 2019, con inversiones por encima de los S/5.200 millones. Estos momentos suelen coincidir con cambios tecnológicos importantes, cuando las empresas necesitan invertir más para actualizar sus redes.
En 2020, la inversión cayó con fuerza por el impacto de la pandemia, pero la recuperación fue rápida. Desde 2021 en adelante, el sector ha vuelto a crecer de forma sostenida. Solo en los últimos años, la inversión pasó de S/3.961 millones en 2023 a más de S/4.451 millones en 2025.
Frente a la percepción ciudadana de que las operadoras podrían hacer más contra delitos como la extorsión, Nino Boggio señala que las empresas cumplen con el marco vigente, pero la responsabilidad central recae en el Estado.
Según explica, el Perú ya cuenta con uno de los esquemas más exigentes en la región para la contratación de líneas móviles, con medidas como la biometría obligatoria (huella digital) para validar la identidad de los usuarios.
No obstante, advierte que hay límites legales que ralentizan la lucha contra el delito. Por ejemplo, acceder al secreto de las telecomunicaciones requiere una orden judicial, lo que toma tiempo.
En ese contexto, plantea revisar el marco normativo y evaluar medidas como el límite de líneas por usuario, cuya efectividad —dice— no está clara. “Combatir la inseguridad es responsabilidad del Estado, pero se puede mejorar la coordinación”, sostiene.
Datos:





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