
A pocos días de las elecciones del 12 de abril, casi todos los candidatos coinciden en un diagnóstico: el Perú necesita industrializarse. Sin embargo, cuando se pasa del discurso a los planes concretos, la realidad es otra.
Una auditoría del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS), que analizó los programas de 34 organizaciones políticas, revela que solo alrededor del 12% de los planes presenta una propuesta sólida de industrialización; es decir, apenas cuatro partidos cuentan con una ruta técnica para transformar la estructura productiva del país.
Qué tan preparados están los planes de gobierno para transformar la economía del Perú.
El resto, advierte el informe, oscila entre planteamientos genéricos y simples declaraciones de intención, sin instrumentos, financiamiento ni estrategia de ejecución. Para el presidente del IDIS, Jesús Salazar Nishi, el resultado no sorprende: “Nuestra clase política sigue hablando de industrialización como si estuviéramos en los años setenta, mientras el mundo ya está en la cuarta revolución industrial”, señaló a La República.
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El problema, explica, es que la industrialización se ha convertido en una consigna vacía. “Primero falta el ‘cómo’. Cuando uno pregunta con qué presupuesto y qué incentivos, ahí se acaba la conversación. Sin claridad en la ejecución, la industrialización no es una política. Es un eslogan de campaña”, advierte.
A ello se suma un error de enfoque. “La industria no se construye desde escritorios de un funcionario público: tiene que ir donde están los recursos, con zonas económicas especiales de verdad y corredores logísticos que faciliten la exportación”, señala. Y añade un elemento clave: “Se necesita un Estado promotor que cierre brechas y dé predictibilidad a la inversión privada”.
Sin estos elementos, el país seguirá atrapado en el mismo modelo: una economía primario-exportadora, basada en la venta de materias primas sin mayor valor agregado. “Mientras sigamos viendo la industria como una opción y no como la única vía para el desarrollo sostenible, vamos a seguir exportando piedras y desperdiciando el talento de nuestra gente”, sostiene.
Este vacío en la política industrial no es un hecho aislado, sino parte de un problema más amplio. El estudio del IDIS revela que solo el 15,15% de los planes de gobierno cuenta con una arquitectura mínima para sostener políticas públicas viables al 2031. El resto, advierte Salazar, carece de sustento técnico y financiero y responde más a listas de promesas que a verdaderas hojas de ruta.
Estas cifras no son solo una evaluación académica, sino una señal de alerta sobre la calidad de la oferta política y sobre lo que podría ocurrir a partir del 2026. Según explica, una de las principales debilidades es fiscal: “Se anuncian metas en salud, educación o seguridad sin explicar de dónde saldrá el financiamiento, pese a la restricción de una regla de déficit fiscal del 1,8%”.
A ello se suma otra falencia: las propuestas se quedan en el enunciado. “Tienen el ‘qué’, pero no el ‘cómo’ ni el ‘con qué’. Eso implica que el primer día de gobierno no sabrán cómo operar el Estado”, advierte.
Pero el problema de fondo es más profundo. “Son planes para apagar incendios, disfrazados de visión estratégica”. El resultado ya es conocido: otro quinquenio administrando la crisis, sin cambios en la estructura productiva y desaprovechando las oportunidades del contexto global.
La debilidad de los planes no se queda en el papel. Tiene consecuencias económicas directas. Cuando no hay una hoja de ruta clara, aumenta la incertidumbre. Y cuando aumenta la incertidumbre, la inversión se detiene. “La inversión privada no se mueve con buenas intenciones. Se mueve con predictibilidad”, subraya Salazar.
En un entorno político volátil, los proyectos se postergan o migran a otros países, afectando el empleo formal y empujando a más personas hacia la informalidad. El impacto no es abstracto: se traduce en menos inversión, menos empleo y mayor precariedad.
A esto se suma un riesgo adicional. “Cuando no hay un plan serio, la tentación es financiar promesas con plata que no existe”, advierte.
Incluso en el eje económico —uno de los mejor evaluados— solo una minoría de planes muestra la profundidad técnica necesaria para sostener la estabilidad macroeconómica. “El escudo macroeconómico no es un tecnicismo. Es lo que sostiene el precio del pan y la confianza del inversor. Tocarlo para financiar populismo no es valentía política. Es una irresponsabilidad que paga el ciudadano de a pie”, remarca a La República.
El caso del puerto de Chancay resume bien la brecha entre discurso y estrategia. Para Salazar Nishi, se insiste en presentarlo como una gran obra logística, pero sin una política productiva detrás su impacto será limitado. “Un puerto moderno no industrializa un país por sí solo”, advierte.
El problema central es la desconexión con el territorio. Sin corredores logísticos, zonas económicas especiales ni una estrategia de valor agregado, Chancay corre el riesgo de convertirse en un punto de tránsito y no en un motor de desarrollo. “¿De qué sirve el mejor puerto del Pacífico sur si el cobre de Apurímac o el litio de Puno siguen saliendo por trochas?”, cuestiona.
La improvisación también tiene efectos en seguridad. Aunque el orden interno es un eje central del discurso electoral, menos de un tercio de los planes presenta solidez técnica en esta materia.
“La improvisación política no combate las economías ilegales, las fortalece”, sostiene Salazar. Y añade: “El crimen organizado no necesita que el Estado lo ayude. Solo necesita que el Estado no esté”.
El Perú tiene oportunidades claras en sectores como el cobre, el litio o el hidrógeno verde. Pero sin estrategia seguirá exportando materias primas sin generar valor agregado. A esto se suma una limitación estructural del Estado. “El problema del Perú no es que le falte plata. Es que no sabe gastar la que tiene”, resume Salazar.
Asimismo, sostiene que sin capacidades técnicas, cualquier intento de modernización se queda en el papel. En este contexto, la elección del 2026 adquiere otro peso, pues “no solo es un cambio de nombres. Es una decisión sobre qué país queremos ser”.
El contexto internacional abre una oportunidad poco común: la transición energética, la demanda de minerales estratégicos y la reorganización de las cadenas globales de valor. Pero no será permanente.
“El litio, el cobre, Chancay y la transición energética global no van a estar disponibles para siempre. O los aprovechamos con rigor técnico o los dejamos pasar mientras seguimos improvisando”, advierte.
En ese contexto, concluye, el éxito del próximo gobierno no dependerá del discurso, sino de su capacidad de ejecutar y de construir acuerdos políticos que prioricen el desarrollo formal sobre la improvisación.





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