Tráfico de drogas, trata y minería ilegal: las economías criminales detrás de la inseguridad ciudadana

El incremento de la delincuencia ha intensificado la percepción de inseguridad entre la ciudadanía. Según un estudio de Ipsos, el 76% de la población —equivalente a cerca de 19 millones de personas— considera que la extorsión y el cobro de cupos son las actividades criminales que generan mayor preocupación, debido al impacto directo que ejercen sobre los ciudadanos y los pequeños negocios. Este nivel de inquietud supera ampliamente a otras problemáticas como la corrupción de funcionarios (41%), la violencia sexual (37%), el secuestro (35%) y el robo agravado (32%).

No obstante, detrás de estos hechos cotidianos existe un entramado más amplio de economías ilegales que alimentan y fortalecen a las organizaciones criminales. Durante la presentación del libro 'Propuestas contra la inseguridad ciudadana', organizado por el Banco de Ideas Credicorp y el BCP, en alianza con Capital Humano y Social, se identificó que el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas lideran las preocupaciones entre las economías criminales (64%), seguidas por la minería ilegal (52%). Actividades que funcionan como eslabones que permiten financiar y expandir los delitos que, hoy en día, van dejando cada vez más afectados. 

PUEDES VER: Gobierno evalúa derogar decreto que privatiza Petroperú: "En los próximos días se adoptará una decisión"

En declaraciones brindadas a La República, el sociólogo y exministro del Interior Carlos Basombrío señaló que estas actividades delictivas constituyen la base sobre la cual se desarrollan otros crímenes que se evidencian a diario, desde las extorsiones hasta los actos de violencia urbana. 

Según explicó, las principales economías ilegales del país —el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y la minería ilegal— “no pueden analizarse de forma aislada, ya que conforman una red articulada que alimenta distintos delitos que afectan a la ciudadanía”.

PUEDES VER: Gobierno promulga ley que otorga gratificaciones y CTS a trabajadores CAS: Conoce los detalles

A su vez, señala que es un error pensar en estas problemáticas como hechos independientes. Explica que la trata de personas ocurre, muchas veces, en zonas donde opera la minería ilegal, y que el narcotráfico comparte rutas, territorios y estructuras con esta actividad. “Para combatir, se tiene que combinar acciones nacionales, locales y microlocales” acotó. 

Por su lado, Ricardo Valdés, gerente general de Capital Humano y Social S.A, señaló a este diario que uno de los principales vacíos en las propuestas de los candidatos que competirán en las elecciones generales de 2026 es la ausencia de un enfoque sistémico capaz de articular los distintos niveles de criminalidad que afectan al país.

“Tenemos que analizar la criminalidad común, la organizada y las economías criminales, todo. Y no de manera diferencial, porque tiene muchos rasgos comunicantes entre sí.” Para él, esta comprensión permite detectar la cadena de valor criminal que une desde los delitos callejeros hasta las redes más complejas. 

PUEDES VER: Fondo Soberano de Riqueza: ¿qué dicen los expertos sobre esta propuesta impulsada por Alfonso López-Chau?

“Si no se ve esto como un problema sistémico, no se puede enfrentar”  

Para el exviceministro, los tres niveles forman un ecosistema interrelacionado que debe ser entendido en conjunto, afirma, enfatizando que esta comprensión no se encuentra en la mayoría de los planes de gobierno analizados. Según advierte, “este es el enfoque que no hemos encontrado en los planes de gobierno. Creemos que esto puede ayudar a tener mayor coherencia a las propuestas.” 

Asimismo, critica que muchos de los candidatos políticos están intentando abordar problemas aislados sin comprender la estructura general que los sostiene. “No entienden que es como una cadena… y que hay todo un sistema que va de principio a fin”, señala. Valdés concluye que pocos candidatos están observando esta dimensión estructural de la criminalidad. “Eso no está. Pocos lo están viendo. Muy pocos”, afirma, advirtiendo que sin este enfoque resulta casi imposible construir políticas públicas coherentes y sostenidas en el tiempo. 

PUEDES VER: Aprueban aumento de pensión para maestros jubilados y cesantes a S/3.500: Conoce los detalles

En esa misma línea, Carlos Basombrío sostiene que muchos candidatos prometen resolver la inseguridad en plazos irreales. Señala que existe un desconocimiento —o una intención de engañar al electorado— al afirmar que el problema puede solucionarse en cuestión de meses. Al respecto, afirma categóricamente: Además, asegura que “todos aquellos que digan que en seis meses lo pueden solucionar, para mí, están mintiendo al país.” 

Basombrío aclara que en el corto plazo es posible aplicar medidas que generen algunas mejoras, pero que enfrentar la inseguridad y desarticular economías criminales requiere esfuerzos de largo alcance.

La falta de presupuesto como obstáculo para frenar la criminalidad  

Ricardo Valdés detalló que el presupuesto del Ministerio del Interior se encuentra fuertemente concentrado en el pago de planillas. Explicó que “Aproximadamente el 92% se va gasto en sueldos y salarios”, lo que deja un margen mínimo para inversión. Precisó además que “la inversión es del 3% del presupuesto”, una cifra insuficiente para modernizar equipos, renovar comisarías o fortalecer unidades especializadas. 

A ello se suma el deterioro de la infraestructura policial. Según el experto, “el 60% de las comisarías no tienen titulación”, lo que impide invertir en mejoras debido a las restricciones legales que rigen los predios no regularizados. Agregó que las unidades de investigación criminal están en peor estado que las comisarías: “Las DIVINCRI deberían ser los puntos neurálgicos de investigación… y están peor”. 

PUEDES VER: Reforma minera del Congreso apunta a concesiones ociosas, pero no quiebra el acaparamiento

En términos tecnológicos, el escenario es igual de crítico. El exviceministro señaló que muchas comisarías no cuentan con conexión adecuada a Internet: “El ancho de banda apenas permite que pase una fotografía”, lo cual limita cualquier intento serio de modernización o intercambio de datos. 

Asimismo, indicó que, pese a la aprobación de la Ley N.°31814 —que habilita el uso de inteligencia artificial en seguridad pública—, “no se ha aplicado aún… y es absolutamente imprescindible”. 

Valdés sostuvo que, con voluntad política, sistemas avanzados podrían implementarse mediante convenios con universidades, pero advirtió que esto no ocurre porque “hay penetración del crimen organizado en la policía, desde lo más alto hasta lo más bajo”, y porque “la corrupción es más rentable que los resultados”. 

Por su parte, Basombrío complementó que el presupuesto actual hace inviable cualquier política de seguridad sólida. Criticó que el Plan Nacional de Seguridad anunciado por el Gobierno parta sin asignaciones adicionales: “El decreto tiene cuatro artículos; el único importante es ‘no les vamos a dar un centavo, trabajen con lo que tienen’”. Para él, esta lógica convierte el plan en uno sin capacidad real de ejecución.