
El trabajo forzoso, cuya lucha se conmemora cada 1 de febrero, sigue siendo una realidad en el Perú. Entre 2020 y 2025, se registraron 393 denuncias de este delito, con mayor incidencia en las regiones de Callao, Puno, Loreto y Lima, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
El trabajo forzoso ocurre cuando una persona es obligada a trabajar en contra de su voluntad, bajo amenazas, intimidación, engaños o abuso de poder, y no puede abandonar el empleo libremente. Muchas veces las víctimas son reclutadas con promesas de buenos sueldos o condiciones laborales dignas que nunca se cumplen.
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Según el MTPE, los sectores en donde usualmente se encuentra la realización de trabajo forzoso son la extracción de madera de las regiones de la Amazonía, trabajo doméstico, minería ilegal, construcción, manufactura y agricultura.
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Esta esclavitud moderna está prohibido por la Constitución Política del Perú y por tratados internacionales de derechos humanos, como el Convenio N.° 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el país.
Las sanciones penales para quienes cometen este delito van de 6 a 12 años de prisión, pero pueden llegar hasta 25 años en casos graves o cuando la víctima fallece. A ello se suman multas administrativas impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que oscilan entre 50 y 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalentes a S/ 275.000 y S/1 millón 100.000 respectivamente.
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Este delito no siempre es evidente. Existen señales de alerta que pueden ayudar a identificar cuándo una persona está siendo víctima de este delito. Por ejemplo:
El sociólogo Enrique Fernández Maldonado indica que el trabajo forzoso es uno de los aspectos más difíciles de registrar, debido a su complejidad y al difícil acceso a las zonas donde ocurre con mayor frecuencia. "En el Perú, pese a haberse abolido la esclavitud a mediados del siglo XIX y más tarde en 1909, persisten modalidades de enganche y otras formas de trabajo forzoso que han funcionado durante décadas en zonas alejadas y al margen de la función reguladora y fiscalizadora del Estado", señala.
Según apunta, a pesar de los esfuerzos desplegados, hay un déficit de información sobre trabajo forzoso; es decir, no existen a la fecha cifras oficiales o información cuantitativa sistematizada que dé cuenta, o permita estimar y conocer la magnitud y la incidencia del trabajo forzoso en el país; pues ello se debe en gran parte a la complejidad de su medición al ser un fenómeno oculto.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 27 millones de personas en el mundo estaban en situación de trabajo forzoso en un día cualquiera con cifras en 2021. Las mujeres y las niñas representan 11,8 millones del total de personas en situación de trabajo forzoso. Más de 3,3 millones de los niños en situación de trabajo forzoso no están escolarizados.
En la selva peruana, estas modalidades de reclutamiento forzoso se manifiestan en situaciones de esclavitud que afectan a diversos grupos indígenas de contacto inicial con la Amazonía. Estas personas quedan atrapadas en un círculo de endeudamiento, subordinadas a los jefes madereros y expuestas a maltratos psicológicos y abuso sexual.
En particular, se trata de personas involucradas en la explotación ilegal de madera en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios y otras localidades amazónicas. La mayoría de los trabajadores son grupos étnicos amazónicos provenientes de lugares distantes, mientras que una minoría proviene de localidades cercanas.
Según sostiene Maldonado, la modalidad predominante de reclutamiento es la llamada habilitación-enganche, que consiste en adelantos de dinero o bienes de consumo a los trabajadores madereros. Este patrón genera un sistema de peonaje o servidumbre por deudas, considerado como una de las peores formas de explotación laboral, caracterizado por la pérdida de libertad, la inexistencia de un mercado laboral formal y la ausencia de acceso a créditos modernos.
Los trabajadores bajo estas condiciones muchas veces no reciben remuneración monetaria; deben aceptar pagos en especie, la prostitución de mujeres en los campamentos madereros y la exposición a condiciones de trabajo infrahumanas sin seguridad ocupacional.
Además, los contratos o acuerdos entre habilitadores, enganchadores y las comunidades indígenas suelen carecer de referencias monetarias claras, fijando precios por la madera menores a los del mercado. Esto facilita el control sobre los indígenas mediante engaños y deudas. Fernández Maldonado también advierte que se han reportado situaciones extremas de trabajo infantil y forzoso en actividades informales y zonas aisladas, como la minería artesanal y la tala ilegal en la Amazonía, donde los trabajadores también enfrentan discriminación, explotación sexual y violencia física y social.
Según el MTPE, uno de los principales obstáculos para combatir el trabajo forzoso es que las víctimas temen denunciar, debido a las amenazas e intimidaciones que sufren por parte de sus empleadores o reclutadores.
Cualquier persona que sea víctima o conozca un caso de trabajo forzoso puede denunciarlo de manera confidencial a través de:

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