
El presidente interino, José Jerí, incumplió el compromiso asumido con los trabajadores de Petroperú y las centrales sindicales, al no asistir a la reunión programada del martes 27 de enero, en la que debía revisarse la legalidad y viabilidad técnica del decreto de urgencia 010-2025, que dispone la reorganización patrimonial de la petrolera estatal y abre la puerta a su privatización.
La cita había sido pactada por expreso pedido del propio Jerí, luego de una primera reunión sostenida en Palacio de Gobierno la noche del miércoles 21 de enero, un día después de la movilización nacional contra el decreto. En dicho encuentro participaron dirigentes sindicales de Petroperú, representantes de la CGTP, y el ministro de Trabajo, Óscar Fernández.
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Durante dicha reunión, el mandatario escuchó las preocupaciones de los gremios sobre el impacto económico, laboral y energético del DU y se comprometió a evaluar los fundamentos técnicos y legales de la norma junto con sus asesores, solicitando además que los trabajadores conformen un equipo técnico para sustentar el desempeño de la empresa estatal a octubre del 2025.
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Reunión trunca. Sindicatos y centrales esperaron a Jerí por más de una hora. Nunca llegó y envió una comitiva.
Como resultado de ese diálogo, se acordó una segunda reunión para continuar con la evaluación del decreto, la cual fue reprogramada para este martes 27 de enero por solicitud del propio presidente, según confirmó un oficio de la PCM.
Sin embargo, la reunión no se concretó. Tras más de una hora de espera en la sede institucional de Petroperú ubicada en San Isidro, el presidente José Jerí nunca apareció. En su reemplazo, llegó una comitiva integrada por la presidenta del directorio de Petroperú, Elba Rojas Álvarez de Mares, la gerente general Rita López Saavedra, funcionarios de ProInversión y asesores de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem).
Ante esta ausencia, los sindicatos de Petroperú, junto con representantes de la CGTP y CUT Perú, decidieron retirarse de la reunión, al considerar que el diálogo carecía de sentido sin la presencia del jefe de Estado y de los titulares del MEF y del Minem. En la cita también estuvieron presentes los congresistas Heidy Juárez y Jorge Marticorena.
Desde la Coalición Sindical ya habían advertido que no participarían en una reunión sin Jerí, especialmente mientras la ministra de Economía, Denisse Miralles, mantenga una posición "intransigente". Según relataron los gremios, en una reunión previa con el MEF, la ministra afirmó que el decreto "va porque va", descartando cualquier posibilidad de revisión.
El DU 010-2025 ha generado un amplio rechazo. Organismos como la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) han cuestionado públicamente la norma por carecer de sustento legal y técnico. El decano del CAL, Raúl Canelo Rabanal, advirtió en diálogo con este diario que la situación financiera de Petroperú no era extraordinaria ni imprevisible, por lo que no justificaría la emisión de un decreto de urgencia, y alertó la ilegalidad del uso de recursos públicos para transferirlos a ProInversión.
Además en el Congreso de la República se han presentado, a la fecha, 12 proyectos de ley que buscan derogar el decreto.
Tras el incumplimiento del presidente Jerí, los representantes del Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) y la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú anunciaron una escalada de medidas de protesta.
Hoy, miércoles 28 de enero, los trabajadores participarán en la marcha convocada por la Generación Z y evalúan un paro nacional más contundente, en coordinación con otras organizaciones que defienden la soberanía energética. Además, no descartan iniciar una huelga nacional en los próximos días, advirtiendo que el desmembramiento de Petroperú podría derivar en un incremento del precio de los combustibles, afectando directamente a la población.
Los sindicatos exigieron de manera inmediata:

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