
Restan pocos meses para que finalice el año y la campaña electoral empieza a abrirse paso hacia el 2026. Dos de los candidatos a la presidencia se presentaron en la 63.ª edición del CADE Ejecutivos y la mayoría de ellos brilló por su ausencia, en un momento en el que se necesitan escuchar propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana, combatir las actividades ilícitas y reorientar la senda de bajo crecimiento económico que hoy está estancado en tasas del 3%.
Según la encuesta divulgada por IPSOS al finalizar el foro empresarial, los líderes de diversas compañías estiman que el ritmo de la actividad productiva será más moderado en el 2026 y alcanzará un 3,2%, lo que revela un mayor optimismo frente a las proyecciones del año anterior. No obstante, dicha previsión sigue estando por debajo de su potencial histórico. Recordemos que entre el 2003 y el 2013, el Perú creció en promedio 6% anual y la inversión privada lo hizo en 15%.
“Si nos comparamos con otros países de la región, las cifras son positivas, pero insuficientes. Con tasas del 3% no sacamos a la gente de la pobreza. Necesitamos crecer a un mínimo de 5%. Como bien mencionó uno de los últimos reportes del Banco Central de Reserva, tenemos el potencial para hacerlo”, indicó a este medio Jaime Dupuy, director ejecutivo de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).
Y es que, no se puede dejar de lado que existen una serie de factores internos que limitan el despegue del PBI. Uno de ellos es la inseguridad, que se ha convertido en la principal preocupación de los empresarios por encima de la corrupción. De hecho, un 89% de ellos cree que se ha retrocedido en la lucha contra este flagelo desde el 2021. En su último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que su costo asciende a S/19.800 millones, lo que equivale a alrededor del 1,7% del PBI de este año
En segundo lugar, aparecen otros elementos estructurales que merman el desempeño de la economía peruana: la baja productividad, la alta informalidad y el deterioro institucional, que se ve reflejado en la sucesión desordenada de presidentes y en la pérdida de confianza ciudadana en el sistema político. Pero, sin lugar a dudas, los empresarios (79%) consideran que el combate efectivo de la delincuencia es la demanda central que contribuirá a la reactivación de la inversión privada.
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En agosto, la economía peruana creció 3,18%, sostenida por los sectores comercio, agropecuario, construcción y minería e hidrocarburos, según datos del INEI. No obstante, este último rubro que contribuye casi con el 15% del PBI, no alcanza tasas importantes desde el 2023 y su ritmo de expansión se mantiene por debajo del 2%.
“Para crecer más, necesitamos más Quellavecos, más Cerro Verdes y más Antaminas. La única forma de lograrlo es acelerando exploraciones y materializando la cartera de proyectos que ya están en diferentes etapas a fin de convertirse en una realidad. Esto significará más puestos de trabajo y bienestar para las comunidades”, explicó a este medio Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE).
Pese al contexto internacional favorable por los altos precios de metales como el oro, que supera la barrera de los US$4.000 por onza, resulta paradójico que sus efectos no se traduzcan en más inversiones y que la producción formal no se expanda. La respuesta podría encontrarse en la ausencia de grandes proyectos de clase mundial, una conflictividad social latente y el avance de la minería informal e ilegal.
Dicha actividad ilícita ya no solo se concentra en Madre de Dios, Puno o La Libertad, ahora también crece en otras regiones del centro y de la Amazonía peruana. En opinión de Torreblanca, resulta preocupante que las exportaciones de oro ilegal vayan a equiparar o superar a los envíos formales de este metal dorado (US$12.000 millones), puesto que significa una fuga de recursos significativos.
Respecto al comportamiento del sector minero, Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX, destacó el crecimiento del valor exportado del cobre y el oro, frente a los datos del año pasado. No obstante, sostiene que, en nivel de volumen, las cifras son bajas.
“Los factores precio e incertidumbre están impulsando el crecimiento del sector minero, pero a nivel de volumen, estamos exportando poco. En el caso del oro, los países están observándolo como un refugio de valor importante. Entonces, su demanda está aumentando y eso impulsa la exportación de oro bruto”, analizó.
Según las proyecciones que compartió CIEN-Adex a este medio, los despachos mineros hacia el exterior cerrarían el año con un alza de 18,8% y para el 2026, se estima una tasa del 3,4%, lo que evidencia un avance menor al del 2025. En total, las exportaciones peruanas sumarían US$90.428 millones, es decir, un incremento de 4,3%.
De acuerdo con Jaime Dupuy, nuestro país ha venido creciendo pese a la inestabilidad política de los últimos años. Si bien, las decisiones de inversión podrían detenerse en función a la incertidumbre electoral del 2026, se necesitan propuestas. Algunas de ellas deben enfocarse en una reforma en la gestión pública y en el aumento de la productividad. Esto significa, que el Estado tiene que ser eficiente en su funcionamiento y a su vez, darle facilidades a la inversión privada. Además, otro punto importante es destinar más recursos al capital físico, humano y tecnológico.
“Tenemos que pensar cómo enfrentar de una forma inteligente el tema de la formalización. Esto implica reestructurar los marcos legales en temas tributarios, laborales y regulatorios municipales, de modo que sean más flexibles y fáciles de cumplir.”, agregó.
Para Gabriel Arrieta, los planes de gobierno de los candidatos presidenciales deben contener propuestas para emprender una reforma educativa, mejorar la productividad laboral, continuar con la agenda de apertura comercial y diseñar un plan asociado a la reducción de costos logísticos. Puso como ejemplo el Megapuerto de Chancay, que necesita trabajadores preparados con dominio de idiomas y resolver la falta de infraestructura para maximizar su impacto.
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Por su parte, Julia Torreblanca indicó que el compromiso de las próximas autoridades debe centrarse en simplificar permisos, reducir plazos y fortalecer los mecanismos de formalización. En esa línea, hizo un llamado a garantizar la política macroeconómica y asegurar que se cumplan las reglas fiscales fijadas por el MEF.
“Si queremos crecer a tasas diferentes y alcanzar mejores niveles de desarrollo, debemos hacer un quiebre y asegurarnos que las economías ilegales y la informalidad pasen hacia la formalidad. Que paguen sus impuestos, que cumplan sus permisos y las normas.”, añadió.
Lo cierto es que el empresariado persiste en su desconfianza institucional, aunque con menos pesimismo. El 32% de los ejecutivos considera que el país está retrocediendo, una cifra inferior al 64% registrado en 2024. De cara al 2026, la encuesta de IPSOS recoge prioridades: lucha contra la corrupción (75%), facilitación de inversión (61%), mejorar la seguridad (58%), desarrollar infraestructura (47%) y mantener la estabilidad económica (42%).
Para Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP, el gobierno debe cuidar la estabilidad macroeconómica y garantizar su sostenibilidad fiscal. “Hay que ponerle freno a estos proyectos populistas que vienen del Congreso porque van a deteriorar el único activo que tenemos. Debemos buscar que el Estado sea más eficiente”, enfatizó.
Recordó que, a comienzos de siglo, el Perú crecía entre 5% y 8%, lo cual ayudó a la lucha contra la pobreza. Por ende, se necesita retomar la senda expansiva a través de darle mayores facilidades al sector privado y estimular que los negocios avancen. “Lo único que nos queda son nuestros números macroeconómicos”, dijo.

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