
El conflicto social que afectó Machu Picchu evidencia la falta de planificación y la ausencia de una gestión integral sobre el principal destino turístico del Perú. Los bloqueos en la ruta Hiram Bingham, que obligaron a suspender los servicios ferroviarios hacia la llaqta, pusieron en grave riesgo la seguridad de turistas, trabajadores y pobladores.
Aunque las medidas de fuerza fueron levantadas, el problema de fondo persiste. La situación refleja un problema estructural: la atomización de competencias y la superposición de funciones entre distintas entidades del Estado –Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Gobierno Regional de Cusco, municipalidades provinciales y distritales– genera ineficiencia, conflictos de interés y ausencia de una estrategia común para la preservación y gestión de Machu Picchu.
Desde el sector turismo y los trabajadores que dependen de la actividad, se plantea la necesidad de que el Gobierno asuma un rol de liderazgo directo para garantizar la protección del santuario y la continuidad del turismo. La actividad turística en Machu Picchu representa hasta el 40% del turismo receptivo nacional y más del 20% del PBI regional de Cusco.
Entre las acciones consideradas indispensables destacan:
Y es que el turismo en Machu Picchu no puede seguir siendo rehén de conflictos locales o intereses políticos. Machu Picchu es la joya cultural del Perú, patrimonio de la humanidad y motor clave de la economía nacional. Su afectación daña la imagen internacional del país y compromete la confianza de miles de familias que dependen de esta actividad para subsistir.

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