
En la actualidad, muchos trabajadores que realizan actividades de seguridad en departamentos, quintas, condominios y otros edificios habitacionales, son contratados por terceros y se encuentran fuera del sistema formal peruano. Para atender esta problemática, el Congreso cuenta con una propuesta que busca garantizarles condiciones laborales dignas, así como reducir la informalidad en este sector.
Se trata de un dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que fue aprobado este martes 17 de junio y que acumula un proyecto de ley del congresista de Somos Perú, Héctor Valer. En total, nueve parlamentarios respaldaron esta iniciativa, mientras que uno votó en contra y otro en abstención.
A través de este dictamen, el grupo de trabajo que preside la legisladora de APP Elva Julón busca crear un régimen especial para los porteros o guardianes de las unidades inmobiliarias, asegurándoles el acceso a derechos y fijando una serie de obligaciones que deben cumplir los empleadores. En caso de no hacerlo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) podrá imponer las sanciones que estime conveniente.
"La iniciativa legislativa, responde a la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas y justas para los porteros y guardianes de edificios con fines habitacionales, quienes desempeñan un rol fundamental en la seguridad, el mantenimiento y la adecuada convivencia en las unidades residenciales", se lee en el texto de la propuesta. que quedó lista para ser sometida al Pleno hacia fines de agosto o inicios de septiembre.
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Si bien el dictamen de la Comisión de Trabajo precisa que los porteros o guardianes se encuentran comprendidos en el régimen laboral para la formalización, desarrollo y competitividad de la micro y pequeña empresa (Mype), ahora se incluyen otros beneficios laborales como:
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Para ejercer el cargo de portero o guardián de un edificio con fines habitacionales, el trabajador deberá ser mayor de edad, contar con DNI vigente y no tener antecedentes penales, judiciales o policiales. A los foráneos que residen en Perú se les exige presentar un carné de extranjería con permiso de trabajo y acreditación de residencia legal.
No podrán ser contratadas las personas que hayan sido condenadas por delitos contra la vida, la salud, el patrimonio, ni quienes se encuentren bajo investigación fiscal o proceso penal por delitos como terrorismo, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, robo agravado u otros que amenacen la seguridad pública.
Finalmente, el dictamen establece la creación de un Registro Nacional de Porteros y Guardianes, que será elaborado por el Ministerio de Trabajo en colaboración con los gobiernos locales. Este registro posibilitará un control más eficiente de las condiciones laborales y facilitará las acciones de supervisión.

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