Gremios denuncian conflictos de interés e intento del Congreso de politizar el manejo de cajas municipales

El presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), Jorge Solís, y el representante de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Perú, Julio Pardavé, cuestionaron la iniciativa de ley que busca aprobar el Congreso para politizar el manejo de las Cajas Municipales de Ahorrro y Crédito (CMAC).

La preocupación de los gremios ante esta propuesta legislativa se debe a que pone en riesgo la autonomía y la sostenibilidad de estas entidades financieras debido a que permite que exaltos funcionarios puedan integrar los directorios.

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Son 10 cajas municipales, donde cerca de 8 millones de peruanos tienen sus ahorros y otros 2 millones reciben créditos, que están a la espera de que este dictamen, que ya fue aprobado en primera votación en el Pleno del Congreso, no sea ratificado.

“Es un proyecto tramposo, incorporado entre gallos y medianoche, por intereses particulares y políticos que buscan tomar el control de las cajas municipales”, manifestó Solís a La República.

Cambios de reglas y conflictos de interés

Las cajas municipales se manejan de forma corporativa a través de un directorio de siete miembros. En la designación intervienen la Confederación Financiera de Desarrollo (Cofide), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las mype, el clero y el municipio. Los elegidos deben tener alto perfil técnico y son evaluados por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Quien hace una mala gestión y es retirado no puede ser reincorporado.

El dictamen en cuestión plantea que exaltos funcionarios que hayan integrado las comisiones de Economía, Presupuesto y Finanzas del Congreso puedan ser elegidos directores de las cajas municipales.

“Hay un claro conflicto de intereses. Lo que busca la Comisión de Economía es direccionar estos nombramientos y extender su influencia sobre las cajas. Esto afectará directamente la confianza de los ahorristas”, advirtió Solis.

El proyecto también plantea que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Conaco) designe a los representantes de las mypes en el directorio y que el cargo dure solo 1 año con una reelección de máximo dos periodos. Esta última modificación, que podría limitar el manejo a largo plazo, fue observado por la SBS, cuando envió su opinión al Congreso.

“Conaco es una organización sin representatividad nacional ni vida legal. Esto constituye una intromisión directa en la autonomía de las cajas”, añadió Solís.

Pardavé, por su parte, alertó sobre el trasfondo político de la norma. "Este es un acto de populismo legislativo, no lo decimos solo nosotros, lo dicen todos. Esta ley busca beneficiar a ciertos congresistas que están por terminar su mandato y que, con esta reforma, podrían seguir postulando con respaldo de la Conaco. Populismo para ellos, pero el desastre, la muerte, para muchas mypes”, enfatizó.

Bonos por multas

El otro proyecto en la mira es 9744/2024-CR, que plantea otorgar bonos por multas a los inspectores de la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral del Perú). Tanto Solís como Pardavé coinciden en que esta medida agrava la persecución contra las pequeñas empresas formales.

“Sunafil está promoviendo un sistema donde se premia al inspector que más multa. Eso no es democrático, eso no es justicia laboral. Es una trampa para recaudar más mientras nosotros luchamos para sobrevivir”, comentó Pardave.

Ambos gremios señalaron que a pesar de haber enviado cartas al Congreso no han tenido oportunidad de dialogar directamente con los promotores de estos proyectos.