El año 2025 comienza con el debate de reformas importantes en el sector laboral peruano, enfocadas en modificar elementos clave como la Remuneración Mínima Vital (RMV), los derechos relacionados con la negociación colectiva y las condiciones laborales de los empleados bajo el régimen CAS. No obstante, gran parte de estas iniciativas aún enfrentan dificultades para su implementación y aprobación.
A continuación, conoce a través de expertos los principales cambios propuestos y los puntos críticos que se deben resolver para que sean efectivos en el país durante el año.
Desde el 1 de enero de 2025, la Remuneración Mínima Vital (RMV) en Perú subió de S/ 1.025 a S/ 1.130. Este incremento, anunciado por la presidenta Dina Boluarte, implica ajustes significativos en diversos beneficios laborales:
Adicionalmente, las contribuciones mínimas a EsSalud se incrementan, dado que se calcula el 9% de la RMV como base. Según Alexandra Ortiz, especialista laboral, en declaraciones para La República, este aumento responde a la necesidad de actualizar los estándares laborales, aunque advierte que no será suficiente para cubrir las brechas de empleo formal en el país.
El Congreso aprobó el 28 de diciembre de 2024 un dictamen que elimina restricciones para la negociación colectiva en el sector público, derogando el artículo 28° de la Ley 32103. Esto permitirá a los sindicatos negociar mejoras laborales con impacto económico, siempre dentro de los límites presupuestarios establecidos por cada entidad.
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Esta medida sigue a un proceso histórico que comenzó en 2022 con el primer convenio colectivo centralizado estatal, que benefició a trabajadores de los regímenes 276, 728, CAS, y otros, con un monto total de S/ 830 millones. Sin embargo, especialistas como Alejandra Dinegro señaló para La República que aún existen vacíos en la norma, y se debe garantizar que estos acuerdos respeten los convenios internacionales de la OIT ratificados por el Perú.
Por otro lado, las propuestas para ampliar la protección laboral de madres y padres trabajadores, aprobadas inicialmente en 2024, han enfrentado retrocesos. El Ejecutivo devolvió estos proyectos al Congreso debido a posibles impactos negativos en la productividad y su viabilidad económica, argumentando que no todas las medidas eran compatibles con la seguridad social en salud.
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El régimen CAS también enfrenta cambios importantes. A finales de 2024, la PCM publicó un proyecto de reglamento que introduce modificaciones clave al Decreto Legislativo N.º 1057, entre las que destacan:
Además, la Ley Nº 32223, promulgada el 31 de diciembre, refuerza estas disposiciones al permitir que trabajadores CAS asuman cargos de confianza y se reconozcan certificados de experiencia laboral. No obstante, expertos como Christian Sánchez, exministro de Trabajo en declaraciones para La República, advierten que estas reformas son insuficientes para solucionar los problemas estructurales del empleo público en el Perú.